Diversos problemas producidos en los últimos seis meses han evitado que industrias y comercios continúen trabajando, por falta de capital de operación en algunos casos y, en otros, hay paralización de mercadería en puertos o sitios proveedores. Lo cierto es que causa temor conseguir dinero en la banca pública y privada, debido a los altos intereses o por los plazos cortos; se teme no conseguir el retorno del dinero una vez invertido y hay miedo a muchos tenedores de dinero por creer en “fracasos y quiebras” de quienes no pueden conseguir las suficientes garantías. Por otra parte, hay quejas de que las organizaciones relacionadas con industria y comercio tampoco muestran interés por coadyuvar en hacer gestiones ante la banca; finalmente, los trámites y garantes burocráticos son tan morosos que resultan frenos imposibles de vencer.
Las burocracias pública y privada son tan “perfectas” que resultan imposibles de eludir. Los industriales y comerciantes formales preguntan ¿qué hacer ante dicha situación? ¿Se podría conseguir alguna sensibilidad en quienes poseen dinero y temen “perder todo” porque ellos no confían ni en sí mismos?
¿Organizaciones que agrupan a industrias y centros comerciales, conjuntamente el Banco Central, podrían abrir una cartera a la que puedan acceder los emprendedores y creadores de empleos? ¿Alguien confía en las entidades públicas? ¿Cuánta confianza inspiran las organizaciones privadas? Finalmente, ¿se podrá abrir una “cuenta especial” para atender las urgencias y necesidades de industriales y comerciantes legales? ¿Y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, no podría contar con una “caja de emergencia” para atender necesidades perentorias de trabajadores?
El gobierno tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para evitar que industrias y actividades de comercio, que implican miles de empleos, sufran dificultades insalvables. En caso contrario, será inevitable el cierre de más empresas, el aumento de la desocupación y el aumento vertiginoso de las actividades informales, por falta de garantías y apoyo a las fuentes de empleo legales que sí contribuyen al erario nacional con el pago de impuestos y otras obligaciones económicas.
