La audiencia de medidas cautelares del vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) del Plan 3.000, Oswaldo Sánchez, fue suspendida ayer ante la inasistencia de sus abogados, de acuerdo a información oficial.
Las rees sociales criticaron la aprensión del miembro de la UJC, pues la calificaron como persecución política, debido a que los afines del Movimiento Al Socialismo (MAS) que también destrozaron algunas zonas de Santa Cruz, no están aprendidos.
A la fecha, los afines del gobierno que amenazaron con guerra civil y provocaron daños materiales de consideración, en la última protesta en Santa Cruz, como lo hicieron en la ciudad de La Paz y El Alto no se encuentran detenidos, peor que dejaron a urbe alteña sin pasarelas.
“Se ha tenido una acto negligente y deliberado del imputado, el mismo ostenta tener más de cuatro abogados, ninguno se presentó a la audiencia, generando de esa forma una causal de suspensión”, informó el fiscal Osvaldo Tejerina.
Sánchez fue imputado por los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, robo agravado e incendio, entre otros, por lo ocurrido la noche del 3 de enero de este año en la clínica dental Orest, de propiedad del gobernador de Beni, Alejandro Unzueta.
La oposición lamenta que la justicia servil esté en manos de personas afines al partido de gobierno, que abusa de la detención preventiva, que lo alarga sin fundamento y sólo obedece a las autoridades del gobierno.
Ante ese escenario, por ello se movilizaron ciudadanos para cambiar la justicia y a los operadores, pues no representan ninguna garantía para el pueblo, pues para los afines rechaza las acusaciones, señalaron en su momento el movimiento.
