Ha sido suficiente que en el país se presente una escasez y alza de precios de carne de pollo y huevos, para darse cuenta de que el país se encuentra cerca de una crisis alimentaria. Es más, pareciera que ante tan serio problema solo se ha tomado medidas superficiales que no lo resuelven, y podrían haber dejado la impresión de que no existe peligro de escasez y podemos vivir con seguridad, teniendo a mano el pan nuestro de cada día.
Pero esa optimista opinión no es cierta y pareciera que es un recurso para querer tapar el sol con un dedo, porque la situación general es peor de lo que se pueda imaginar y como receta se ha acudido a la fórmula ilusoria de “A falta de pan, buenas son las tortas”.
En efecto, esa apreciación se confirma porque la agricultura del país no está produciendo lo suficiente para cubrir las necesidades de la población, situación a la que se suma que estamos viviendo, como nunca en la historia, de la importación de grandes cantidades de alimentos, tanto por medio del gobierno como de empresas privadas y, especialmente, del contrabando masivo, cuyos productos han llenado los mercados y se los observa en puestos callejos, no solo en grandes ciudades, sino en provincias.
La situación de los alimentos en el país adquiere gravedad porque los campos si producen algo es solo para consumo personal y familiar, pero no para abastecer los mercados. Pero, además, ese es un problema que viene desde hace mucho tiempo y que se ha ido agravando de gobierno en gobierno, con medidas económicas y políticas y disposiciones constitucionales y legales que no solo han agravado la cuestión, sino que la han creado en diversos aspectos.
Según expertos agrarios, en el año 1952 la producción agrícola del país abastecía casi totalmente a una población de algo más de cuatro millones de habitantes. Pero, desde entonces, la producción agropecuaria ha ido descendiendo rápidamente y la población ha ido aumentando hasta el presente, que llega a casi once millones de personas, con el agravante de que la población rural ahora llega al 30 por ciento y la urbana al 70 por ciento, precisamente al revés de lo que ocurría a mediados del siglo pasado.
Al presente, ese problema se agudiza a diario porque la agropecuaria está en crisis y ha sido abandonada. Miles de agricultores han migrado al exterior y las ciudades para dedicarse al comercio callejero. Sin embargo, el Estado Plurinacional despliega una densa cortina de humo para tranquilizar a la población, al decir que está realizando un plan de industrialización que va a resolver sus problemas, pero no los de la población.
En efecto, se observa en los hechos que mientras los tres últimos gobiernos del MAS ha invertido en “elefantes blancos”, en el oriente más de 20 mil millones de dólares, en la región occidental no ha invertido lo necesario y tampoco ha impulsado soluciones para mejorar la agricultura. Hasta se podría decir que ha agravado la situación, por vía de la Constitución vigente.
El “modelo” de la nueva economía comunitaria, y otras lindezas, no sirve y como van las cosas, la inseguridad alimentaria avanza a pasos de siete leguas. Si no se agarra al toro por las astas y se establece una nueva política agraria, la recuperación de la economía será imposible y se cumplirá la fábula del campesino que quiso reducir el gasto en alimentar a su burro, rebajándole poco a poco, a diario, la ración, hasta que un día se le murió de hambre el animal.
