Tras la determinación del Ministerio Público en la que se dictó el sobreseimiento de 12 personas acusadas en el caso “coimas”, el diputado del ala radical en el Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, calificó el hecho como una “osadía” por parte de los administradores de justicia, en tanto, renovadores advierten que denuncias responden a un plan negro desde el Chapare.
Este lunes, la comisión de fiscales encargada de investigar el caso, dispuso el sobreseimiento de 12 implicados en el caso de presuntas coimas en la adjudicación de obras para la construcción de un tramo de la carreta Sucre-Yamparaez.
“En uso específico de las atribuciones que les confiere el Art. 323 Núm. 3) del Código de Procedimiento Penal concordante con lo señalado por el Art. 40 núm. 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreta el sobreseimiento de la denuncia de Héctor Arce Rodríguez”, indica una parte de la resolución.
Ayer, en conferencia de prensa, el diputado del ala radical en el Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, calificó esta determinación como una “asquerosa” y “grosera” acción por parte de los encargados de llevar adelante las investigaciones, pese a la contundencia de las pruebas presentadas.
“El ministro Lima ha dado informes contundentes en base a las pruebas y es una vergüenza nacional lo que han hecho señores fiscales: tres chiflados, tres miserables que han investigado con ojos cerrados, vendados, con unos lentes oscuros”, afirmó Arce lamentando que la administración de justicia le haga daño al país tratando de tapar un hecho de corrupción como este.
Por su parte, el diputado oficialista del ala renovadora, Rolando Cuellar, exigió que se inicien procesos y se encarcele su colega, por haber usado este caso para desestabilizar al actual Gobierno, sin presentar las pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones.
“Se tiene que formalizar inmediatamente un proceso penal porque el plan negro viene desde el Chapare, desde los diputados evistas que están fabricando denuncias contra la actual gestión de gobierno”, indicó Cuellar.
Instó además al Ministerio de Justicia a analizar las figuras penales para procesar a Arce, a fin de sancionar una supuesta fabricación de procesos que buscan perjudicar al Gobierno. “Los mercenarios tienen que estar en la cárcel y no utilizando el cargo de diputados”, sostuvo.
La denuncia fue presentada por Arce, en septiembre de 2022, por una supuesta coima de Bs 18 millones en la adjudicación de obras para la Administradora Boliviana de Carreteras.