La grave denuncia sobre que varios curas españoles estaban dedicados a cometer delitos de pederastía en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija, ha sobrecogido a la ciudadanía boliviana y, lo que es más, a medida que pasan los días se informa que esa conducta indecorosa era cometida con agravantes detestables. El asunto adquiere mayor gravedad porque se trata de extranjeros que en vez de venir al país trayendo buenas costumbres, como señala su profesión, lo hacen con fines delictivos y que dañan la moral pública.
Delitos de esa naturaleza han sido revelados y a medida que se profundizaron las indagaciones, fueron conocidos detalles indecorosos y contrarios a la salud pública. Esos delitos adquieren mayor relieve porque sus autores debían ser los que pongan en alto su profesión y no la enloden, al extremo de obligar a que la opinión pública reaccione con enérgico rechazo.
Hasta el presente, las denuncias aumentan, pero no se ha notado la debida reacción de las autoridades para hacer reparaciones que por justicia corresponde, a fin de acabar con la inmunidad e impunidad de los culpables de las atrocidades que cometieron, aprovechando de infantes seducidos por prédicas y prebendas.
Los delitos denunciados han colmado la paciencia de la población y ésta exige que a la brevedad posible se adopte medidas objetivas y no se limiten a declaraciones y anuncios en torno a que las investigaciones continúan y que se llegará a niveles más profundos.
Al parecer, las dependencias encargadas de conocer la magnitud de los actos de inmoralidad con menores de edad, han quedado acalladas y se advierte cierta indolencia en el cumplimiento de sus funciones, más aún cuando en el país no existen fueros de alguna naturaleza y, en particular, las relaciones entre el Estado y la Iglesia fueron superadas hace casi veinte años. Es más, pese a que ahora existen disposiciones constitucionales al respecto, se debe recordar que ni en tiempos de vigencia de disposiciones constitucionales, delincuentes fueron sometidos a la pena máxima.
Los responsables de hacer cumplir las disposiciones legales y, al mismo tiempo, velar por la moral pública, no deben tener contemplación alguna con estos casos de pederastia y, dejando de lado prejuicios coloniales, deben ser aplicadas las sanciones más drásticas. Y antes de que los delincuentes se den a la fuga y en esa forma los pecados que cometieron sean absueltos no solo por sus superiores, sino por el aparato de justicia que existe en el país, pese a que es sabido que peca de ineficiente y está sometido a los vaivenes y presiones de gestores que no dejan de buscar el perdón por los pecados cometidos.
Las autoridades no deben esperar en este caso una reforma judicial que encamine las disposiciones legales y surja una administración idónea, capaz de actuar con celeridad y hacer cumplir las leyes. Al respecto, la población mayoritaria se ha pronunciado por procesar a los jesuitas pederastas, identificándose plenamente con las víctimas inocentes de las mencionadas atrocidades.
