De acuerdo con disposiciones legales de diversas materias, el incumplimiento de éstas por comisión de delitos aduaneros, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, etc., importa además de la sanción personal, la incautación de los bienes mal habidos o que son parte de la comisión de los delitos. Estos bienes incautados, son puestos en depósito si son muebles y si son inmuebles, pasan a resguardo de las autoridades, De acuerdo con las normas de derecho civil, deberían ser nombrados depositarios responsables de los mismos, pero no sucede esto, pues los muebles (en especial vehículos) son acumulados en depósitos, de donde desparecen o son desmantelados.
Los vehículos que en gran cantidad ingresan a territorio estatal (ya no nacional, pues la nación boliviana ya no existe) sin pagar impuestos de importación, son incautados y de acuerdo con una resolución del gobierno de Evo Morales, son entregados al Ministerio de la Presidencia, el cual dispone de ellos a favor de dirigentes de organizaciones sociales afiliados al régimen, en una suerte de “prebenda”. En la pasada semana, el presidente del gobierno, entregó en calidad de donación algunos de esos vehículos, pero resulta que eran robados en Chile. Y según un investigador de ese país, que hace seguimiento a los vehículos robados, circularían en nuestro territorio, miles de vehículos robados, de los cuales varios son usados por autoridades policiales, políticas y militares.
Si aplicamos las normas dictadas en este mismo régimen de gobierno, sobre discriminación, la misma que parte del principio de igualdad de todos ante la ley y el mismo tratamiento en políticas de gobierno, el obsequiar vehículos y otros bienes de propiedad pública solo a algunas instituciones y personas, importa un acto discriminatorio, pues todas las instituciones y personas de nuestra sociedad, deberían ser beneficiadas y no solamente los afines al régimen. Para evitar esta conducta oficial discriminatoria, nada mejor que los bienes incautados sean rematados y esos recursos ingresados al Tesoro público, o en su caso designar un interventor que prosiga con la administración de bienes que cumplen un fin social y no abandonarlos o desmantelarlos, sin beneficio para la sociedad.
Los bienes inmuebles son ocupados por empleados del gobierno o desmantelados y echados al olvido, así sucedió con una torre turística que era construida en la Ceja del Alto, por el ex prefecto de La Paz, Paredes, que fuera perseguido y exiliado en el gobierno autoritario de Morales Aima. Ese bien fue embargado y luego olvidado, deteriorándose con el inclemente tiempo, lo mismo sucedió con un original hotel que construyó en Palos Blancos, el ex prefecto Valle, que fue desmantelado y echado al olvido. El Hotel Plaza, ubicado en el Prado paceño, fue cerrado. Más antes, las joyas y otros bienes de la millonaria Rosa Agramonte. Así como innumerables muebles e inmuebles, que han desparecido en manos de funcionarios corruptos y aprovechadores.
Los bienes incautados de cualquier origen, por un principio de Derecho Político (que norma las actividades del Estado), son de propiedad estatal, es decir de todos los bolivianos y no del gobierno que es solo el administrador del Estado, no el dueño del país, como creen algunos casuales dirigentes políticos que hacen lo que les viene en gana con los bienes públicos. Lo que se tiene que hacer con los bienes incautados, es rematarlos luego de la incautación, y si la investigación y proceso judicial resultare favorable al denunciado, se le entregará el monto del remate.
Lo dijimos en otras oportunidades en estas páginas del Decano de la Prensa, que según normas de Administración y Control Fiscal, los bienes de propiedad pública, no pueden ser transferidos a particulares, sin previa autorización del Órgano Legislativo y porque así lo demande la necesidad pública, en analogía con los fines de la expropiación de bienes particulares, normas y principios de derecho administrativo, que no se cumplen desde hace varios años, en especial en el largo régimen de gobierno populista que hace más de tres lustros nos gobierna.
En un país atrasado, el más pobre de Sudamérica, como el nuestro, el deficiente manejo administrativo de los bienes estatales, debería ser superado con la aplicación estricta de las normas sobre administración de bienes públicos o emitirse nuevas normas, pues es lamentable que la propiedad de todos, sea discrecionalmente dispuesta, por motivos de interés político partidario, así sea justificado por la aplicación de disposiciones políticas interesadas que no atienden el interés colectivo.
El autor es abogado, politólogo, escritor y docente universitario.
