Tras el fallecimiento de Felipe Sandy Rivero, testigo protegido del caso de la supuesta “coima” de Bs 9 millones para que la empresa china Chec se adjudique el tramo carretero Sucre-Yamparáez, se difundió anoche un video de 24 minutos de duración en el que hace conocer su verdad del caso iniciado en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Al respecto el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, denunció ayer que el ministro de Justicia, Iván Lima, reveló los datos personales y que el Estado boliviano no protegió a la persona clave del caso de corrupción de la ABC.
Arce recordó que la Ley 458 establece los mecanismos del trato que debe recibir un testigo protegido que denuncia actos de corrupción; eso incluye que el Estado resguarde la identidad y datos personales de esta persona, además de darle protección policial.
Asimismo, lamentó que ahora esta normativa prácticamente quedó en el basurero, porque nadie se animará a denunciar actos de corrupción en vista de que ni siquiera el Ministro de Justicia respeta lo que establece.
El ministro de Justicia reveló el viernes pasado que el testigo protegido que brindó la información clave sobre las irregularidades al interior de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en el denominado caso coima murió en un accidente en los Estados Unidos. Además, hizo conocer su identidad.
Empero, la autoridad ratificó que esta persona estaba involucrada en los hechos irregulares y que el caso fue denunciado para perjudicar a Henry Nina, presidente de la ABC.
REPERCUSIONES
Por otro lado, según ANF, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, lamentó que en medio de la investigación de un caso de corrupción el testigo protegido, que sería la “clave” en el proceso, aparezca muerto y de la nada depositen el dinero de la coima, dijo que esos hechos dan pie a pensar que podría ser hasta un “ajuste de cuentas”.
Parecería que fuera un ajuste de cuentas, realmente es lamentable, el Gobierno debería haberle dado protección a este testigo protegido porque claramente podría identificar los actos de corrupción que existiría en la ABC.
Dijo que desde CC harán peticiones de informe para esclarecer el hecho, ya que es muy sospechoso que un testigo protegido aparezca muerto pese a existir en el país la Ley de protección de denunciantes y testigos que data del 2013.
Entretanto, el diputado del ala radical del MAS Ramiro Venegas coincidió con su colega legislador sobre lo sucedido con el testigo protegido. Subrayó que en Bolivia un testigo protegido debe gozar de confidencialidad y el Estado boliviano tiene la obligación de brindarle toda la seguridad porque se supone que tiene información valiosa.
REVELACIONES
En el video difundido por Red Uno, Sandy da su versión sobre “hechos ilícitos” que dijo haber comprobado en la ABC y por los que “decidió preparar un caso contundente”.
“Me llamo Felipe Sandy Rivero, y soy el testigo protegido del caso ABC”, con esas palabras se inicia el video que fue difundido este martes por el entorno del hombre que era considerado pieza clave en la investigación de presunta corrupción en la ABC. La gente allegada al denunciante pidió mantener la fuente en reserva por temor a correr la misma suerte que el fallecido.
Aseguró que antes de febrero del 2021 nunca tuvo algún tipo de contacto con el señor Jin Zhengyuan, representante legal de CHEC, quien le pidió que lo asista en las reuniones para el proyecto carretero Sucre-Yamparáez.
Dijo que fue testigo de actos irregulares, entre enero y mayo de 2022, cometidos entre Chec, a través de Jin, y funcionarios de la ABC”. Admitió que en esos meses contrató abogados para reclamar sus honorarios y para analizar y preparar una potencial denuncia por los actos de corrupción presenciados.
También señaló que entre junio y julio del mismo año presentó el caso a autoridades de Gobierno en distintas instancias para que “el caso se pueda resolver con discreción y sin escándalo público”. Sin embargo, al no haber recibido respuesta, decidió acudir al diputado del MAS, Héctor Arce, que en ese momento había ganado cierta prominencia con denuncias contra la corrupción. «Todo ello con la finalidad de lavar los platos sucios en casa”.
Dijo que el 30 de agosto del 2022 se le otorgó el estatus de «testigo protegido», de acuerdo a la Ley 458 de protección de denunciantes y testigos. Esto se dio tras la denuncia que formalizaron ante el Ministerio Público tras la pasividad que había de parte de autoridades chinas y bolivianas por el caso.
«Esta iba a ser mi sentencia de muerte. En el marco de esa supuesta protección presté mi declaración respecto a los hechos irregulares que había presenciado», dijo Sandy, quien catalogó en cuatro las irregularidades que pudo evidenciar.
Reveló que su identidad fue conocida «por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno desde el primer día que formalicé mi declaración, y desde el primer día he recibido amenazas incesantes».
«De esa manera el testigo protegido y su entorno cercano fueron víctimas de amenazas incesantes, amenazas que son registradas en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, llegándose al extremo en el que los abogados denunciantes fueron atacados con una bomba en las puertas de su oficina el 12 de diciembre de 2022».
Finalmente dijo que «detrás de este caso no se puede negar que ha habido y habrá una gran tragedia humana, que todo ese sufrimiento y dolor sirva para que todos los bolivianos reflexionemos y decidamos si vamos a vivir para siempre subyugados bajo un sistema judicial a la orden del dinero y el poder político y no así de sus ciudadanos y de la justicia».
