Es el momento oportuno para que el Gobierno cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso denominado “terrorismo”, en el asalto al hotel Las Américas en 2009, de lo contrario el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con cuyo probable fallo se tendría que pagar montos elevados a las víctimas manifestó a EL DIARIO el abogado Franco Albarracín. En tanto el procurador Wilfredo Chávez dijo que el informe no es vinculante.
El fin de semana se conoció un informe de la CIDH, de diciembre de 2021, en el que atribuye al Estado la muerte de Michael Dywer, quien junto a Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi perdieron la vida durante el operativo llevado a cabo en 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra. La instancia internacional también estableció que los sobrevivientes en ese operativo fueron víctimas de torturas.
“Este es el momento oportuno que tiene el Estado para llegar a un acuerdo con las víctimas, es decir, yo les pago tanto y se puede comprometer a reabrir la investigación e investigar a los actores intelectuales y directos y ahí no tendría que pagar un monto muy significativo, en cambio si el Gobierno no aprovecha este momento oportuno, la CIDH pasa el caso a la Corte y es muy probable que pierda y ahí el pago a las víctimas va a ser elevado, y sumaría a los procesos que pierde la Procuraduría”, explico el abogado y activista por los derechos humanos, Franco Albarracín.
La mañana de ayer el procurador Chávez y ex patrocinador del expresidente Evo Morales, recordó que el caso está bajo “confidencialidad” y todo lo que se dice son solamente especulaciones ya que el informe de la CIDH no es vinculante.
“Las especulaciones que están ocurriendo, incluido un supuesto juicio a una exautoridad, son eso, especulaciones. Nosotros debemos ser serios, respetar los principios que rigen este tipo de informes, que son eso, no son sentencias, no tienen otra categoría, menos aún un carácter vinculante”, dijo en conferencia de prensa.
Al respecto, Albarracín aclaró que el documento es vinculante y obligatorio para el Estado porque se ha firmado un tratado internacional en materia de Derechos Humanos, que es la Convención Internacional de Derechos Humanos, mismas que están respaldadas en la Constitución Política del Estado (CPE).
CPE
Artículo 256. “I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.
II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”.
En ese marco, Albarracín recordó además que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional muy consolidada y reiterativa.
“Los tratados de DDHH, forman parte de la CPE y en algunos casos se las aplica con prevalencia, entonces ¿cuál es el órgano supervisor que se encarga de que los Estados cumplan con este tratado internacional?, es la CIDH. En la historia de la CIDH, que se retrocede a casi cinco décadas, jamás, en los distintos gobiernos, han dudado de la vinculatoriedad de las resoluciones en el marco de un proceso formal”, apuntó.
Aclaró que es muy diferente cuando la CIDH emite un comunicado donde puede hacer recomendaciones, porque no hubo proceso donde hubo partes, audiencias ni pruebas.
“Este proceso forma parte de la función contenciosa de la CIDH, es decir cumple su función para juzgar a los Estados para ver si han cumplido o no con la Convención Americana. En este caso se ha presentado la denuncia, hubo un proceso donde se ha presentado alegatos, pruebas y el Estado, en la gestión de Evo Morales, podía demostrar que no han vulnerado DDHH, pero ha salido una resolución que es en contra del Estado Boliviano”, aseveró.
En esa línea manifestó que corresponde es que el Estado, en el tiempo que le ha proporcionado la CIDH, cumpla con las recomendaciones.
“El Estado tiene el derecho, de momento, de no emitir criterios públicos porque se supone que esta etapa es aún confidencial entre el Estado y las víctimas, donde puede proponer alguna reparación a las víctimas para que se cierre el caso. Si no cumple con las recomendaciones, la CIDH puede elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, apuntó.
VULNERACIONES
El jurista manifestó que este caso demuestra un sinnúmero de vulneraciones a DDHH y la comisión de crímenes de lesa humanidad, y que las ejecuciones sumarias y los actos de tortura, según el Estatuto de Roma, no prescriben.
Asimismo dijo que el informe ha probado también que hubo vulneración al debido proceso al no respetar el principio de inocencia. “El informe demuestra cómo se ha armado un caso”, lamentó.
El lunes, a través de un comunicado el Ministerio de Justicia indicó que el informe de la CIDH se encuentra bajo confidencialidad y que no se referirán al tema cumpliendo las normas internacionales. El procurador general del Estado agregó que una vez que se levante esa reserva se pronunciarán a través de declaraciones y las acciones que sean pertinentes.
En su informe, la CIDH recomienda que se debe reparar las violaciones a los derechos humanos, adoptar medidas de compensación económica, iniciar una investigación para esclarecer los hechos y adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan sucesos similares a los del hotel Las Américas del 2009.
El gobierno de ese entonces justificó la muerte de los extranjeros porque presuntamente estaban gestando un plan separatista y terrorista en el país, a raíz de este hecho varias personas fueron detenidas y encarceladas por más de una década.
