La aprehensión del presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, la madrugada de ayer, fue ilegal, manifestó a EL DIARIO el abogado Eusebio Vera. Familiares denunciaron que el cocalero fue torturado, por lo que tiene cuatro días de impedimento.
“Estimo que se ha ingresado en actos arbitrarios e ilegales porque primero se debe revisar si ha existido previamente una orden de allanamiento a un lugar donde ha sido habido el señor Apaza y si se habilitó días y horas extraordinarias en relación al lugar”, precisó.
El jurista aseveró que se debe revisar la orden de aprehensión, ya que la misma debe cumplir con presupuestos como la habilitación de horas y días extraordinarios en contra de aquella persona que no es habida dentro de una actividad normal.
Aclaró que estos presupuestos se dan solo si la persona no fue habida en el lugar ya sea de su fuente laboral o en su domicilio real.
“(Esto se da), cuando se ha demostrado actos de ocultamiento, de no ser habido, solo así, y previo informe policial, se puede habilitar esos días y horas extraordinarias”, dijo.
En el caso de Apaza, él estaba trasladándose de un lugar a otro de manera regular, y en los últimos días se encontraba en oficinas de Adepcoca de Villa Fátima, por lo que no había motivo para que se expida una orden de aprehensión, apuntó.
“Esos actos no constituyen más que una arbitrariedad que ingresan incluso a ilegalidades, pero no termina solo ahí, sino se ha tenido conocimiento, en las últimas horas, de que Apaza ha sido agredido físicamente, y es más, ha sido torturado por varios miembros de la Policía, en presencia incluso de un coronel de apellido Rojas, que se presume es el actual director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), es una autoridad netamente administrativa”, aclaró.
En ese marco explicó que al ser director de la Felcc, a Rojas no le competía estar en el lugar de un operativo. Los únicos que ejecutan la orden de manera legal tendrían que ser un policía de recorrido, el investigador asignado al caso, pero habilitado.
“No puede ser que un policía, que de acuerdo a sus funciones y atribuciones le compete realizar actos de carácter administrativo se encuentren en actos operativos, eso no está dentro de sus atribuciones y funciones”, dijo.
Por otro lado, Vera manifestó que de comprobarse que Apaza fue víctima de abusos, en el accionar de la ejecución de la orden de aprehensión, todos los funcionarios que hayan participado en esos hechos ilegales tienen que ser investigados.
“El Ministerio Público tiene la obligación de investigar de oficio a todos los servidores públicos que han intervenido y se debe procesar y sancionar porque no se pueden realizar actos en exceso”, aseveró.
PROCEDIMIENTO
El jurista explicó que de acuerdo al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP) una persona denunciada debe ser citada para que preste su declaración informativa y en caso de que no asista recién emitir una orden de aprehensión.
“Artículo 224º.- (Citación). Si el imputado citado no se presentara en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de aprehensión”, se lee en la norma.
Vera aclaró que en caso de la existencia de riesgos procesales y si estuviera frente a actos que vulneren el derecho a la vida y la seguridad del Estado, solo así, se puede emitir una orden de aprehensión directa por parte del fiscal.
“Era que se cumpla el procedimiento, lo citen de manera formal y legal. No creo que el señor se hubiera excluido de ir a la Fiscalía, considero que es un abuso por las circunstancias que rodean el hecho”, lamentó.
IMPEDIMENTO
Por otro lado, según el certificado médico forense, Apaza tiene cuatro días de impedimento por las agresiones que presuntamente recibió cuando fue aprehendido.
“Contusiones simples tipo equimosis en tórax, abdomen y pierna izquierda, contusión simple tipo excoriación en cara y contusión simple tipo edema en mano derecha. (…) Por tanto se otorga cuatro días de incapacidad médico legal”, dice la conclusión del Certificado Médico Legal – Forense del Instituto de Investigaciones Forenses.
Asimismo, el dirigente cocalero, desde celdas policiales de El Alto, denunció que fue golpeado y secuestrado por ocho efectivos policiales, versión que confirmó la denuncia de sus familiares.
Apaza relató que un vehículo blanco, sin placa, llegó hasta las puertas del mercado de Villa El Carmen y que alrededor de ocho policías se lo llevaron a la fuerza a pesar de que él intentó poner resistencia.
“Ahí me secuestraron porque no me dieron a conocer el motivo de mi aprehensión o detención, fue directo. Me arrastraron y medio cuerpo estaba fuera del vehículo. Han puesto en riesgo mi vida al llevarme mitad de cuerpo fuera de la movilidad”, dijo Apaza a radio FmBolivia.
También manifestó que el Gobierno ni la Policía se manifiestan sobre las denuncias que hicieron contra el grupo del dirigente Arnold Alanes por tenencia de explosivos y otros.
“¿El Ministerio Público les dice algo de lo que había armamento ahí adentro? ¿De la cantidad de explosivos, de las bombas molotov? ¿El Ministerio Público actúa de oficio?, cuestionó y agregó que “un país sin justicia es un país sin democracia”.
En tanto, el director de la Felcc de La Paz, Ronaldo Rojas, negó que se hayan cometido abusos contra Apaza.
IMPUTACIÓN
La Fiscalía imputó al dirigente cocalero por más de 13 delitos y en audiencia de medidas cautelares que se desarrollará a las 8:45 horas de hoy, pedirán su detención preventiva, por seis meses, en el penal de San Pedro, donde ya se encuentra recluido el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado.
“La audiencia de medidas cautelares se desarrollará en el Juzgado Séptimo. (Los delitos son) incendio, lesiones graves y leves, atentados contra bienes públicos, allanamiento de domicilio, robo agravado, secuestro, atentados contra miembros de seguridad del Estado, tráfico de armas y otros”, explicó el abogado Dayner Quispe, que patrocina al productor.
DATOS
El jueves 8 de septiembre, una masiva marcha de cocaleros llegó a la ciudad de La Paz desde Chulumani, tras una marcha de cinco días, exigiendo el cierre del mercado ilegal de coca. Al pasar por la infraestructura fuera de norma, los ocupantes del edificio comenzaron a lanzar bombas molotov y otros explosivos contra los manifestantes. Esto provocó que los marchistas tomen la infraestructura y luego procedan a quemarlo.
Por este hecho, Machicado, Apaza y muchos dirigentes de Adepcoca están siendo procesados en la justicia ordinaria.