El exministro de Hidrocarburos, Víctor Zamora, de la gestión de Jeanine Añez, y otras tres personas fueron acusadas por el caso denominado YPFB Seguros. La Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aduaneros y de Legitimación de Ganancias Ilícitas pide una condena de 10 años de prisión.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, precisó que la acusación es contra Zamora, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, la exgerente legal de esa instancia, Elizabeth García y el ciudadano Daniel Terrazas, por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
“En este caso, se tiene una acusación formal debidamente fundamentada y sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales colectadas en la etapa preparatoria de la investigación, mismas que fueron presentadas ante la autoridad jurisdiccional”, explicó Barrientos.
El director dijo que, actualmente, los señores Zamora y Soliz se encuentran en calidad de rebeldes; sin embargo, debido a que ya se emitió la acusación formal por delitos de corrupción se encuentra habilitado el juicio en rebeldía. Ambos acusados cuentan con mandamientos de aprehensión en su contra emitida por la autoridad judicial competente. Respecto a García y Terrazas, se encuentran con arraigo.
ACUSACIÓN
La Fiscalía General del Estado presentó la acusación formal en contra de las cuatro personas implicadas en el proceso irregular de contratación directa de seguros generales gestión 2020-2021, efectuado en abril de 2020, mediante el denominativo “Contrato de Emergencia”, para ello habilitaron deliberadamente la Resolución Nº 78/2020 de 31 de marzo, por parte del entonces presidente ejecutivo de YPFB, Herland Soliz, vulnerando las normas establecidas en el D.S. 0181; es decir, normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, evadiendo los procesos públicos de licitación.
“Este acto deliberado fue convalidado por el exministro de Hidrocarburos, Zamora, quien en ese momento, tenía bajo su autoridad al Directorio de YPFB, permitiendo la suscripción de contratos en el marco de una resolución ilegal. Estos comportamientos resultaron en procesos de contratación fallidos, así como el deterioro de la imagen de YPFB en el exterior”, explicó.
En declaraciones anteriores, el fiscal anticorrupción, Alexis Vilela, explicó que de acuerdo a declaraciones de los funcionarios involucrados en la elaboración de la Resolución Administrativa 78/2020, presuntamente irregular, se habría coordinado con el Ministerio de Hidrocarburos, la redacción de este documento que permitió realizar contrataciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria.
Según Vilela, durante la investigación surgieron nuevos elementos de convicción que hacen presumir la participación de la exautoridad de gobierno y de otras personas en adjudicaciones directas contrarias a la normativa y las leyes.
Tal el caso de la “contratación directa por emergencia de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de 49 millones de bolivianos, que finalmente fue anulada y la adjudicación del servicio de provisión de alimentos a la empresa Newrest Bolivia Soporte SRL, por un costo unitario de 416 bolivianos por día, para los trabajadores”, dijo Vilela en la oportunidad.