Ante el panorama incierto de abastecimiento del maíz en el mercado nacional, y a pesar de las acciones del Gobierno para proveer el grano a los pecuarios, se pone nuevamente en la mesa el uso de biotecnología para aumentar la oferta del alimento, mientras otros sectores junto al Gobierno rechazan la propuesta.
En su pronunciamiento del Colegio de Ingenieros Agrónomos y profesionales en Ciencias Agropecuarias de Bolivia (CIAB), hace unos días, expresaron su rechazo a la creación de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, con una inversión de 140 millones de bolivianos.
El CIAB ve con preocupación la creación de esta empresa, y señala que los productores solo necesitan mejores condiciones para enfrentar los climas adversos, que se puede evitar con el uso de biotecnología y las leyes de semilla y suelos.
El vicepresidente de la CIAB, Juvenal Bonilla, expresó su preocupación por la creación de empresas públicas en el sector de alimentos, de acuerdo al comunicado del ente de los agrónomos.
Y observaron la siembra de maíz en 14.000 hectáreas, por la zona y en la época que la lluvia no acompaña a los cultivos, aprobado sin el consentimiento técnico.
Constitución
Por su parte, el presidente del Tribunal de Honor de CIAB, Wolf Rolón, lamentó las medias verdades expresadas por autoridades y defensores de la naturaleza sobre la prohibición de importación, uso y comercialización de los alimentos genéticamente modificados, transgénicos, que establece la Constitución Política del Estado.
Dijo que es falso que la CPE prohíba los organismos genéticamente modificados, y nunca citan el artículo 409 de la carta magna, los falsos ambientalistas, ya que este acápite señala que la producción, importación, comercialización de productos será regulada por ley.
Además nombró otros artículos y otras normas que tampoco prohíben, sino que establecen que todo producto derivado de organismos genéticamente modificados deberá ser etiquetado.
Asimismo, el artículo 255 prohíbe los productos modificados que dañen la salud o el medio ambiente, es decir condiciona, pero no evita el ingreso.
Aseguró que los transgénicos ayudan a cuidar el medio ambiente al reducir el uso de químicos para cuidar los sembradíos de maíz, pero también ahorraría gastos al productor.
Asimismo, Rolón dijo que la solución inmediata para el abastecimiento de maíz para por repetir la misma acción de 2015, en cuyo año se importó 500.000 toneladas maíz transgénico.
Peligro
Mientras Probioma señala que los cultivos transgénicos fueron desarrollados en la década de los ochenta por grandes corporaciones químicas como Monsanto, Bayer y Syngenta. Estas empresas obtienen inmensas ganancias vendiendo sus agroquímicos, asociados a los cultivos transgénicos, que tienen impactos sobre la salud humana, la biodiversidad, el agua, el aire y los bosques.
Estas trasnacionales, en su afán de generar más ganancias, diseñaron en sus laboratorios semillas transgénicas que tienen la capacidad de tolerar los herbicidas que ellos producen, principalmente el herbicida llamado Glifosato. De esta manera, crearon en sus laboratorios semillas transgénicas en cultivos extensivos como la soya, maíz, algodón y colza.
Desde el 2005 está en vigencia la Resolución Administrativa Nº 135/05 que dice: “Rechazar toda solicitud sobre introducción de maíz genéticamente modificado al territorio nacional, para la realización de pruebas de campo, siembra, producción o liberación deliberada en el medio ambiente”, señala la entidad.
La Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria resguarda especies de origen y diversidad nacional, entre las que se encuentra el maíz.
De permitirse la introducción de semillas transgénicas puede provocar la extinción del maíz nativo, es decir, hablamos de la potencial desaparición de las 77 razas que posee Bolivia. Pese a esto, los intentos para introducir eventos transgénicos no cesan.
La semana pasada, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) solicitó a las autoridades nacionales la emisión de un decreto de emergencia para la importación de maíz genéticamente mejorado, pedido que fue rechazado por las autoridades nacionales.
