Menciones del primer mandatario, de su ministro de Economía y de otros del Gabinete presidencial, propalan una acelerada reactivación de la economía nacional. La mayoría parlamentaria actúa como caja de resonancia del Órgano Ejecutivo y se suma a tales falacias con el intento de engrupir a la ciudadanía. Igual que en los catorce años, un monstruoso aparato propagandístico busca la misma finalidad, convenciendo solo a los incautos. Estos excesos resultan una ofensa a la inteligencia y al sentido común de los bolivianos y las bolivianas, intentando venderles “gato por liebre”, de compra por muy pocos. Todos entienden que la realidad económica del país es bien distinta.
Nos guían autorizados y eminentes economistas que, pese a la ojeriza del gobierno, conservan su espíritu analítico y crítico. Personajes de esta calidad nos advierten que los factores de nuestro atraso se centran en el extractivismo (minero y del gas), en la deficiente educación y la corrupción e impunidad que en el país cuentan con carta de ciudadanía, alentadas por la permisión y laxitud de la justicia. Sobre todo, la sola extracción de recursos naturales configura la perpetuación colonial de la economía nacional. Manteniendo esta suerte de estancamiento, el colonialismo se utiliza con fines políticos para inocular odio mediante la difusión de una supuesta discriminación ancestral, alentando el enfrentamiento entre clases.
Las indicas pautas señalan que el extractivismo carece de condiciones de “encadenamiento” con otros sectores económicos y de consumo interno. La falta de incorporación de valor agregado tampoco crea fuentes de empleo ni de una verdadera sustitución de importaciones y de comercio externo. Se nos trae el ejemplo de Argentina por el encadenamiento de su amplia producción agropecuaria con otras actividades, traduciéndose en el consumo masivo de la población. En cierta medida la agropecuaria cruceña desempeña ese importante y plausible papel, sin la correspondiente réplica en el occidente debido al pertinaz descuido de los gobiernos.
Se puede agregar que el Estado carga sobre la espalda del pueblo el peso de las empresas públicas improductivas. Éstas adeudan al Banco Central más de 38.000 millones de bolivianos por el costo de su instalación y permanente requerimiento de recursos de funcionamiento. No generan ganancias, pero mantienen abultadas planillas de empleados y trabajadores a nivel de funcionarios públicos. No amortizan la señalada deuda al Estado, menos pagan intereses ni tampoco impuestos. Citamos solo algunas de estas empresas: la ex Enatex, Quipus, Papelbol, Cartonbol y otras muchas.
