Asentamientos humanos y desmontes ilegales en ocho puntos del área protegida Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco, fueron detectados durante una inspección realizada por la diputada chiquitana María René Álvarez y a la que no asistieron las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
“Lamento y rechazo la actitud de las autoridades del INRA y de la ABT con quienes deberíamos realizar esta inspección aérea, pero no asistieron al operativo a pesar de haber coordinado por más de dos semanas (…) Penosamente, hemos evidenciado desmontes en parcelas de distintas dimensiones, de 70 ha, 4 ha, 10 ha. Todos estos asentamientos son nuevos de entre 2019 y 2021. Verificamos desmontes recientes, casas construidas con calaminas nuevas y se ve claramente actividad de personas”, puntualizó.
En criterio de la legisladora, las autoridades nacionales del INRA y la ABT no asistieron a esta verificación aérea porque las evidencias desmienten su discurso de control en esta zona, más bien permiten nuevos asentamientos de los denominados interculturales con las consecuencias de desmontes, chaqueos e incendios que el país conoce.
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