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[Severo Cruz]

La búsqueda de soluciones


El primer mandatario de la Nación reiteró su voluntad política al señalar que “el gobierno analiza las medidas que asumirá para sacar al país de la crisis económica y social”. Palabras que fueron vertidas a poco de haber sido posesionado en el cargo. La autoridad está consciente del momento difícil que atraviesa Bolivia.

En consecuencia: la crisis económica es objeto de análisis y motivo de preocupación no sólo de gobernantes sino de gobernados. El objetivo, urgente e imperioso, es captar recursos para fortalecer el erario nacional. De veras que el país está devastado económicamente. Situación que fue profundizada por la presencia del Covid-19. Y la incertidumbre se apoderó de la ciudadanía. En ese contexto fueron tomadas medidas tendentes a atenuar esa realidad.

Las arcas del Estado requieren una inyección económica, de orden interno o externo, para su reactivación. Dentro del país habría un pequeño grupo de personas, con un patrimonio de 30 millones de bolivianos, sobre quienes recaerá el Impuesto a la Riqueza o las “Grandes Fortunas”, permitiendo, a partir de la presente gestión, recaudar, según las autoridades del ramo, alrededor de 100 millones de bolivianos, con destino a fondos públicos. Y deberán cumplir con el pago respectivo hasta fines de marzo venidero.

“Si se toma en cuenta que sólo en salarios el Estado gasta 3.500 millones de bolivianos por mes, la recaudación planeada de 100 millones resulta insuficiente”, señaló, al respecto, el economista boliviano José Gabriel Espinoza. La aplicación de la norma “es desincentivar la inversión formal en el país. Que afectará a personas por apostar por el país”, remarcó el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jáuregui.

“Es como sacarle un pelo al gato”, en criterio de quienes promovieron la medida. Pero el hecho “podría afectar las inversiones y provocar fuga de capital al extranjero, y en un momento que la economía nacional requiere de recursos”, señalaron los empresarios. Aquellas personas, para ser más precisos, no querrán, más adelante, invertir en el país y preferirán enviar su dinero fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto: la implementación de nuevas empresas se reducirá y habrá mayor desempleo. En un momento que las instituciones, privadas y públicas, deberían extremar esfuerzos para construir un futuro mejor. De veras que dicha actitud ahuyentará a la inversión, que contribuye con sus tributos y genera empleos.

Con tal impuesto parece que se estuviera cargando el peso de la crisis en las espaldas de esas personas. Para aliviar, obviamente, los efectos de la adversidad económica, cuyos orígenes se remontan a la caída de los commodities, en el mercado internacional, a partir de 2014. Ojalá la premisa no sea disuadir la inversión, con fines político – ideológicos, como ocurre en países donde se impone el populismo. No quisiéramos pensar que todo ello sea parte del discurso de la lucha de clases. Los unos y los otros se requieren, ahora más que nunca, para consolidar los cimientos de la Nueva Bolivia. La unidad debería ser la respuesta a los retos que se vienen.

En suma: sólo aquellas personas, nacionales o extranjeras, con tendencias a invertir, se animarán a “ponerle el cascabel al gato”, para salir de la crisis actual. Pero para ello es necesario el respaldo gubernamental.

Usurpado el 7 de octubre de 1970, por defender
la libertad y la justicia.
Reinició sus ediciones el primero de septiembre de 1971.

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