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Falseamiento de la Constitución por el Tribunal Constitucional Plurinacional

Iván Sandro Tapia Pinto

Es perturbador y vil el falseamiento de la Constitución cometido por el apócrifo controlador de la Constitución, por no aplicar y contradecir el propio Pacto Social, proveniente de la sentencia constitucional plurinacional 0032/2019, del 9 de julio, que persigue similar línea jurisprudencial en la SCP 0084/2017, del 28 de noviembre (sobre la re-reelección presidencial indefinida).

Se plantea tres aspectos para analizar: 1) qué se entiende por falseamiento de la Constitución en el contexto del mencionado fallo, 2) cuál es el límite constitucional al caso, y 3) qué precepto es afectado y la consecuencia de la interpretación constitucional por la SCP 0032/2019.

El primero, entiende la doctrina según el profesor Pedro de Vega, que afirmaba: “se alude al fenómeno en virtud del cual se otorga a ciertas normas constitucionales una interpretación y un sentido distinto de los que realmente tienen”. Considero que es el mecanismo de la mala fe en la hermenéutica del Tribunal, en la manipulación, tanto del texto constitucional y convencional, a través de la “interpretación mutativa” para perforar, fragmentar y provocar el vaciamiento o negación de la Suprema Norma. Esto afecta y tiene relación con las categorías jurídicas constitucionales, como: desconstitucionalización, desmontaje, fraude constitucional, desvaloración constitucional; asimismo, le quita la fuerza normativa, en especial, el principio de supremacía constitucional, como la pérdida en la jerarquía normativa y validez jurídica; distorsiona y cercena el verdadero sentido de la doctrina del “control de convencionalidad” elaborado y desarrollado por la Corte Interamericana.

El segundo, la cortapisa prevista por la Norma Fundamental se refiere con más detalle en el otro punto a examinar: “(…) que no hayan renunciado tres meses antes al día de la elección”. Dentro de la doctrina, entre los límites constitucionales están los “límites explícitos”, que son aquellos que se encuentran expresamente prescritos en la Ley de Leyes. En dicho articulado, el constituyente pretendió que existiera un tiempo prudente para la habilitación como candidato a una elección popular, para que no se utilice o abuse del cargo para sacar alguna ventaja frente a los demás aspirantes.

La reflexión permite ir profundizando la “democracia horizontal”, la apertura de oportunidades para la participación de nuevos cuadros a elegir en la función pública -sin que existan privilegios para algunas personas-, y la alternancia y oxigenación de futuras generaciones en el cargo. También, en el proceso nomogenético están las limitaciones a la elegibilidad de parlamentarios; las anteriores reformas constitucionales iniciadas en el año 1961 y reiteradas desde el ciclo de 1967, 1995 hasta 2004, que en el Art. 50º, apartado 1º, expresaba: “(…) que no renuncien y cesen en sus funciones y empleos por lo menos sesenta días antes del verificativo de la elección”.

Pienso que incluso el límite en el tiempo es corto, debió ampliarse en una próxima reforma constitucional a un máximo de doce meses o un mínimo de seis meses para habilitarse a un cargo público, para evitar la idiosincrasia de la prebenda política en el país.

En el tercero, se afecta el Art. 238, apartado 3 de la Constitución, que señala: (…) no podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad: (…) 3. Quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República.

El Tribunal resolvió y declaró la aplicación preferente del Art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica, por ser la norma más favorable en relación con los derechos políticos, sobre el Art. 238.3 de la Ley Fundamental, en el texto “electivos”. Es necesario aclarar que el caso no trató de una “acción de tutela de derechos”, sino de “control normativo”; entre ambos existen diferencias sustanciales procesales que en su ocasión no se consideró en el análisis del caso.

Sin embargo, cabe resaltar que la Constitución ha reconocido el límite constitucional en el “principio de inelegibilidad”, que consiste en la incapacidad de una persona para ser elegido en elección popular o el impedimento para continuar ejerciendo el cargo público.

El principio citado es reiterado en varios sujetos electivos que cumplen la función pública, como son descritos en la Constitutio: diputados (art. 146, numeral III), senadores (art. 148, numeral II), magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (art. 198), el Tribunal Supremo de Justicia (art. 182, numeral I), el Tribunal Agroambiental (art. 188, numeral I), los miembros del Consejo de la Magistratura (art. 194, numeral I), asambleístas departamentales (art. 278, numeral I), y los concejales del Concejo Municipal (art. 284, numeral I).

En consecuencia, el constituyente reconoce la inelegibilidad como regla sistemática, no existe una excepción, como se ha demostrado con los ejemplos que fueron mencionados.

Ahora bien, la consecuencia del fallo es heterogénea, pero el núcleo principal cercena la Constitución; también debilita el texto íntegro del constituyente y no olvidemos que existió el referendo constitucional aprobatorio en que dio su consentimiento el soberano; por lo que, quiebra los principios de: supremacía constitucional y seguridad jurídica. De este modo, soslaya el camino de la reforma constitucional (CPE, Art. 411) mediante la “interpretación mutativa promotora de la mutación contra la Constitución”, de una norma constitucional no injusta, “ilegítima cuando desvirtúa o falsea la norma constitucional, alterando el mensaje jurídico encapsulado en la norma vigente” (Sagüés, Néstor Pedro, 2016, La interpretación judicial de la Constitución nacional a la Constitución convencionalizada, Ciudad de México, México, Editorial Porrúa, p. 77).

Asimismo, se hace notar la inexistencia de atribución o competencia del Tribunal para conocer el asunto, no justificada; es necesario en Derecho Público que se otorgue la misma a cualquier autoridad pública explícitamente, alternativamente por la Constitución, la Ley e incluso por algún tratado, lo que no sucedió en el presente asunto. Por último, ocasiona la formalización de un juicio de responsabilidades contra los jueces constitucionales, por dictar resoluciones contrarias a la Constitución. Por tanto, es preciso garantizar que no se repita a futuro la emisión de sentencias constitucionales que comentan falseamiento de la Constitución mediante la jurisdicción constitucional plurinacional.

El autor es abogado, miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y de la Academia de Ciencias Jurídicas de Oruro.

 
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