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[Guillermo Torres]

Subjetividad judicial, peligro que atemoriza a todos


Uno de los elementos que avalan la ley, como norma que obliga, es que ésta debe ser igual para todos. Este principio no se aplica en Bolivia, lo que demuestra que la crisis de las entidades jurisdiccionales va más allá de la disposición normativa y descansa en las personas. Hace pocos días en todo el país se hizo realidad una situación que pocas veces se repetirá. Nueve jueces cautelares han analizado casi al mismo tiempo una misma situación de hecho: los supuestos delitos cometidos por un ente colegiado como es el órgano electoral, y lo interesante es que han llegado a resultados diversos. Por su parte el Ministerio Público ha mostrado bastante uniformidad en su proceder.

El hecho que ante una situación similar se llegue a resultados diferentes, en este caso a la aplicación de medidas cautelares diferentes, demuestra que la subjetividad campea en el derecho penal boliviano. Este es un problema mayúsculo y ha dado lugar a situaciones como las vividas en la ciudad de La Paz, donde un tribunal penal condenó a un médico pese a la convicción de inocencia.

El paso del sistema procesal inquisitivo -donde el juez instructor era el investigador- al actual no ha cumplido en lo mínimo las ideas de mejorar el sistema penal nacional. La extrema medida de la detención preventiva se sigue aplicando, pese a que es una medida excepcional, llenando así las cárceles. Los jueces y quienes revisan sus fallos aceptan a pie juntillas que lo que dice el Ministerio Público respecto a la probable comisión de un delito, es suficiente para que uno vaya preso.

Si recordamos, el cambio de sistema se aplicó con el aval político del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y un grupo de abogados formados en posgrado fuera del país y de su realidad, sobre todo en Alemania, Estado que fue también quien puso el dinero de la reforma.

La principal novedad fue que uno sería juzgado por sus iguales, a través de jueces ciudadanos. Esta premisa o idea base llevó a negar la apelación a estos procesos, pese a que constitucionalmente se tiene derecho a la doble instancia, eso no ocurre en el derecho penal, donde la evaluación del delito por parte del tribunal penal es definitiva y no puede ser revisada en cuanto a la valoración de la prueba, salvo excepciones a la regla.

La aplicación de la reforma mostró que los jueces ciudadanos no asistían, o eran ignaros a plenitud, lo que llevó a eliminarlos, excepto en los procesos disciplinarios contra jueces.

Esto motivó que todo el poder del tribunal penal, incluso el hecho de no haber apelación real, se convirtiera en un arma a favor de los jueces técnicos.

Las reformas de las reformas, como la ley de abreviación procesal o la última reforma a través de la Ley 1.163 van más tras de la celeridad, pero no de la justicia. La aplicación de penas o la negativa a aplicarlas se ha convertido en un quehacer mecánico y subjetivo en un país politizado y basado en el compadrerío.

Es cada vez más subjetivo e inseguro el someterse a la justicia boliviana en una situación normal, de pleito entre particulares. Si por alguna casualidad participa el Estado, entonces el sistema devorará al ciudadano.

Tómese nota que en el presente artículo he omitido de manera intencionada referirme al manejo político del órgano judicial, el más sometido a esa influencia desde su génesis, pues eso da para escribir miles de líneas.

La realidad nos enfrenta a dos problemas: buscar la manera de terminar con la subjetividad en la aplicación de la ley penal, que pasa por modificar potestades de los jueces cautelares; reponer la apelación, como un derecho de revisión efectivo; dejar atrás a los tribunales penales, y volver de inicio al juez penal único, ya que desapareció el juez ciudadano. Si la ley no es igual para todos -o no se aplica igual- no hay estado de derecho.

El autor es periodista y abogado.

 
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