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[Angélica Siles]

Alerta nacional con recursos del TGN


 

El Art. 15,I de la Constitución Política del Estado establece que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. De acuerdo con el estudio “Femicide: A Global Problem” de Small Arms Surven, Bolivia estaría entre los 12 países con las tasas más altas de feminicidio, superando los 6 asesinatos por cada 100.000 mujeres.

Tomando en cuenta que la Fiscalía General es la instancia en la que se hace las denuncias de todo el país, por sus informes anuales de prensa sobre el número de casos por Departamento -sin realizar seguimiento y vigilancia-, se observa que hay contradicciones y falta de uniformidad entre la FELCV y la Fiscalía, con datos precarios, sin especificar la edad, los motivos, ni determinar la cantidad de población.

Ante esta falencia, el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres hace seguimiento y acompañamientos en los juzgados, en algunos casos emblemáticos, por lo que se realizó el III Tribunal de la Mujer contra la Impunidad, demostrando que debido a que jueces y fiscales no aplican la Ley 348, los feminicidas salen libres.

Según datos estadísticos de la prensa y la Fiscalía, hubo los siguientes feminicidios: 96 casos en 2011, 99 en 2012, 110 en 2013, 71 en 2014, 110 en 2015, 111 en 2016, 109 en 2017 y 146 en 2018. Hasta hace poco fueron cometidos 78 feminicidios, sin que el gobierno realice alguna política de prevención, mucho menos dé la Alerta nacional, que es lo que el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres pidió a los niveles: nacional, departamental y local. El departamento con mayores tasas de feminicidios, de manera uniforme, en los últimos cuatro años es La Paz, le siguen Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Tarija, ciudades que merecen más seguimiento, investigación y políticas de prevención.

El pasado 15 de julio, el gobierno con gran publicidad anunció recursos del IDH como “prioridad nacional para la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”. También anunció un “pacto”, como compromisos para enfrentar la lucha contra las mujeres desde las instancias de gobierno. El decálogo contra la violencia hacia la mujer es:

1) Pacto para que un porcentaje del presupuesto asignado a seguridad ciudadana, proveniente del IDH, se destine a la lucha contra la violencia. Se crea una comisión. 2) Pacto para prevenir la violencia desde el sistema educativo, con padres, maestros y estudiantes para construir medidas de prevención. 3) Pacto para eliminar la impunidad con la Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial con el fin de acelerar la justicia para la mujer. 4) Pacto con y las familias para promover una cultura de valores. 5) Pacto para enfrentar la violencia desde todas las instancias del Gobierno. Cada funcionario debe conocer las normas y entender la problemática para mejorar la atención contra la violencia. 6) Pacto para comunicar y desnaturalizar la violencia hacia las mujeres con el fin de avanzar en una cultura de no violencia. 7) Pacto con alcaldías y gobernaciones para mejorar la atención a víctimas de violencia y así dar respuesta oportuna a las víctimas. 8) Pacto con las empresas privadas para combatir la violencia en el interior de las mismas y generar un clima libre de violencia. 9) Pacto con las organizaciones sociales para que se constituyan en promotoras y vigilantes de la lucha contra la violencia. 10) Pacto para estudiar la posibilidad de considerar el feminicidio como delito de lesa humanidad y si es posible el tratamiento será internacional.

Es importante recordar que estos “pactos” están determinados en la CPE y la Ley 348, por tanto solo es hacer cumplir las leyes con asignación de recursos, NO del IDH, porque se está reduciendo, sino del TGN. Que se reduzca el monto asignado a Comunicación, es lo que exigimos las mujeres para que no nos sigan matando y dejando huérfanos, de los que los mismos feminicidas piden custodia.

La autora es abogada y ex Asambleísta Constituyente.

 
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