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[Augusto Vera]

Voluntariamente obligatorio


 

Resulta verdaderamente inexplicable cómo el gobierno actual puede, de tiempo en tiempo y cuando las cosas se les ponen feas con las diferentes confesiones religiosas, e independientemente de que jurídica o devocionalmente sea correcto o no, cuestionar el cobro de diezmos, si progresivamente y desde su asunción al gobierno ha institucionalizado esa práctica, virtualmente, en los servidores públicos.

Las escalas salariales que rigen en la administración dependiente del Órgano Ejecutivo obedecen, se presume, a una equivalencia por el trabajo desempeñado y tomando en cuenta los grados jerárquicos y de responsabilidad, experticia, antigüedad, profesional y otros, de tal manera que desde la esfera del derecho al trabajo y las prescripciones que en esa materia prevé la Constitución Política del Estado, toda persona que presta servicios para el Estado tiene el derecho inalienable al pago íntegro de sus salarios, excepto los descuentos que por ley deben existir.

Puede dársele, como en efecto se lo hace, el nombre que quieran, pero lo evidente es que el proceso de cambio ha instituido, burlando la ley, claro, los aportes mensuales de los funcionarios que se desempeñan en el Órgano Ejecutivo. ¿Lo hacen a través de planillas o en montos que figuran en sus papeletas de pago? Por supuesto que no, pero luego del cobro de sus salarios deben, religiosamente (igual que en las comunidades evangélicas de fe), pagar la contraprestación por el salario que le paga el contribuyente, pero que va en beneficio del Movimiento al Socialismo.

Las denuncias de servidores públicos, cuya abrumadora mayoría está en desacuerdo con esas imposiciones, nunca tuvieron eco, porque en Bolivia el empleado público o se somete a las reglas impuestas o se queda cesante. ¿Existe coherencia, entonces, en la declaración del vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien recientemente manifestó a un periódico que por la campaña rumbo a las elecciones de octubre próximo, “los aportes voluntarios” deberán incrementarse? Pues, si fueran voluntarios, ¿qué necesidad habría de una orden partidaria?

El avasallamiento al derecho que los servidores públicos tienen de percibir su salario sin más descuentos que los previstos por ley, desconoce frontalmente todo principio social y de regulaciones internacionales sobre la materia, constituyendo un menosprecio a la inteligencia escuchar decir que los gastos de concentraciones políticas propiciadas por el MAS, no le cuestan al Estado, cuyos administradores claramente desconocen que el Estado está constituido por territorio, población y gobierno. Desde los albores de la humanidad, es el pueblo el que paga los impuestos con que se retribuye el trabajo de los servidores públicos y cuyo salario en nuestro país es, en diferentes porcentajes, obligatoriamente embargado. Entonces ¿quién paga realmente las inacabables campañas del partido de gobierno?

Obligar a los servidores públicos a asistir a concentraciones políticas, no solo urbanas, sino después de distantes travesías, con la carga adicional de que cada uno debe correr con sus gastos de pasajes, alimentación, disfraces (ponchos), banderas, petardos y muchas cosas más, poniendo en riesgo sus vidas, es un irrespeto a la dignidad. La instrucción de Gerardo García no es que nos haya hecho descubrir la pólvora, pero resulta un descaro admitir abiertamente que los aportes “voluntarios” deben subir en una época preelectoral, vulnerando lo expresamente determinado por el Art. 71 de la Ley de Organizaciones Políticas y haciendo una profanadora interpretación del Art. 85 inc. e) del Estatuto Orgánico del MAS-IPSP, cuyo ámbito de aplicación imperativa se reduce a su militancia.

El autor es jurista y escritor.

 
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