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[Humberto Vacaflor]

ECONOMÍA Y FINANZAS

Conflicto soyero


 

Las amenazas de los productores de soya de Yapacaní de sustituir sus cultivos por los de coca debido al bajo rendimiento del grano consiguieron que el gobierno cambie ligeramente su política hacia el sector, sin observar que el caso tiene un muy profundo mar de fondo.

 

La importación de combustibles y lubricantes en marzo de 2019 es 71 por ciento más alta que la de marzo del año pasado. Y en los primeros tres meses superó los 135 millones de dólares. Los mayores proveedores de combustibles son Argentina, Suiza, Singapur, Perú, Chile y Estados Unidos. La falta de producción de petróleo es una de las principales razones por la que se promueve el uso de etanol en la gasolina de los vehículos bolivianos.

El oro y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos están al alza. Generalmente este es un reflejo de que el mercado espera una reducción en el crecimiento económico mundial. Los dos factores que empujan este repunte en el precio del oro son la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el creciente nerviosismo sobre las falta de conocimiento, experiencia y tino del presidente estadounidense Donald Trump en el manejo del conflicto con Irán.

Algunos expertos esperan una recuperación en el precio del zinc antes de que termine el año. Una recuperación que podría elevar el precio de la mayor exportación minera de Bolivia hasta mediados del próximo año. La demanda mantiene su crecimiento promedio de 2 por ciento de los últimos años, y las nuevas minas que entran en funcionamiento están produciendo más que lo suficiente, el problema son las refinerías que están casi a plena capacidad.

Los soyeros que trabajan en las tierras vecinas al Chapare miran con envidia cómo los cocaleros tienen ingresos gigantescos, además que gozan de ser la zona del país que más inversiones públicas ha recibido, a pesar de que los productores de la hoja no pagan impuestos.

Cálculos hechos en Perú señalan que una hectárea de coca genera entre 10.000 y 15.000 dólares por año de ingresos, mientras que los soyeros bolivianos dicen que los ingresos por el cultivo de una hectárea de soya sólo produce 400 dólares al año.

La comparación, soya coca, pone en evidencia el enorme efecto de la ilegalidad y la informalidad sobre la economía.

Para calmar los ánimos de los soyeros, el gobierno ha anunciado que permitirá la exportación del grano hasta llegar a 60 % del total, pero que seguirá controlando con mano firme, a fin de garantizar que exista la soya suficiente para el consumo interno.

De nada ha servido que los soyeros demuestren al gobierno que el consumo interno apenas absorbe 20 % de la producción nacional: lo que el gobierno quiere, han denunciado los dirigentes de Anapo, es mantener el control de las exportaciones de grano de soya, autorizando cada una de las operaciones.

Es decir que no se ha liberado la exportación de soya; sólo se ha anunciado que se permitirá la exportación de 60 % de la producción, siempre y cuando el interesado cumpla con todos los requisitos.

El problema es cómo decidir si una exportación pone en riesgo la atención de la demanda interna o no. Sobre todo si se trata de pequeños productores, que son los que amenazan con pasarse al cultivo de la coca.

En el fondo de este problema están los precios que los ingenios aceiteros pagan a los productores de soya, dicen los soyeros. Los ingenios se benefician con las prohibiciones de exportación, que les dan la oportunidad de contar con proveedores cautivos, a los que pueden pagar por debajo de la cotización internacional.

Los soyeros están muy endeudados. Se habla de una deuda que llega a los 650 millones de dólares, lo que podría provocar problemas en el sector financiero si llegaran a un caso de quiebra.

Presionado por sus intereses electorales, el gobierno trata de dar soluciones parciales, apoyado en la propaganda, pero el problema soyero podría ser el comienzo de una muy grave crisis de abastecimiento de alimentos en el país.

El gobierno informa que hasta ahora ha invertido 600 millones de dólares en los proyectos para explotar el litio de Uyuni, sobre todo en infraestructura caminera.

La gobernación de Jujuy, provincia argentina fronteriza con Bolivia, anuncia que el próximo año comenzará a vender baterías de litio como resultado de una inversión de solamente 60 millones de dólares.


Mentiras oficiales

La nueva estimación de inflación del gobierno de Venezuela para 2018 es de 130.060,2 por ciento. Es la primera vez en 3 años que publican la cifra oficial y es una mentira. Según el Fondo Monetario Internacional la cifra está entre 1,3 millones por ciento y 2,2 millones por ciento según la Asamblea Nacional de Venezuela.

Sobre llovido

Argentina enfrenta un nuevo desafío económico en la forma de una contracción en el crecimiento de la economía de Brasil. El mayor socio comercial de Argentina redujo su Producto Interno Bruto en 0,2 por ciento en primer trimestre de 2019. Según cifras oficiales del IBGE (equivalente al INE), es la primera reducción desde la recesión de 2015-2016.

Nuevas empresas

El número de empresas que operan en el Perú aumentó en 4,6 por ciento en el primer trimestre del año hasta alcanzar la cifra de 2,4 millones de empresas. El aumento se logró a pesar del cierre de 31.000 empresas. Aun así las autoridades están preocupadas por una reducción de 11,4 por ciento en el empleo entre los jóvenes.

Lo bueno

Es que el ministro de economía, Luis Arce Catacora, dice que la economía del país está muy bien y que el único riesgo es que Brasil, con sus actividades en crisis, reduzca mucho sus pedidos de gas boliviano.

Lo malo

Es que el ministro ha olvidado que hace apenas un mes Brasil aplicó una multa por 130 millones de dólares a YPFB por no haber atendido en 2018 la demanda de gas hecha por su país.

Lo feo

Es que ahora la demanda brasileña se ha reducido incluso en este invierno que comienza, porque en ese país han entendido que Bolivia no es un proveedor confiable del gas natural.

 
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