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Acceso a la salud, un derecho no garantizado

Angélica Siles Parrado

 

El Art. 36, I de la CPE establece: “El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud”. Con base en este mandato el gobierno promulgó la Ley 1.152 del SUS, incumpliendo el Art. 24, I, “El Pueblo soberano por medio de la sociedad civil organizada participará en el diseño de las políticas públicas”, pues no hubo consenso con los actores importantes, como son los médicos afiliados al Colegio Medio de Bolivia, que rechazaron esa ley porque los recursos que se destinará son mínimos y, por lo tanto, el sistema colapsará. Además, no se conoce las prestaciones que cubrirá el SUS, porque otros seguros cubren los que pretende. En Beni y Pando no existen hospitales de tercer nivel. Por otro lado, el SUS obliga a las gobernaciones a transferir recursos que tienen para la salud para cubrir el SUS. Santa Cruz y Tarija lo rechazaron, La Paz desconoce el Convenio, el ejecutivo firmará ese convenio con Potosí, Beni y Pando, gobernaciones que son masistas.

La Ley del SUS, al tratar de aplicar esta ley viola el Art. 272 de la CPE, que establece: “La Autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas…” al pretender nuevamente centralizar los recursos asignados por la Ley Marco de Autonomías.

La técnica legislativa determina que cualquier proyecto de Ley debe ser acompañado de un presupuesto. En este caso la ley no especifica los estudios técnicos para su aplicación, sostenibilidad y elementos para que primero se saque al sistema sanitario de la crisis en la que se encuentra, sino que da la impresión de que su eventual implementación multiplicará los déficits actuales y agravará la caótica y precaria situación de la salud estatal.

Además que crearon una organización paralela, como Confederación de Médicos, la misma que está conformada mayormente por médicos formados en Cuba, que atenderán el SUS, discriminando a los médicos formados en Bolivia, sin tomar en cuenta que en el sistema de salud no hay suficiente infraestructura, equipamiento, recursos humanos e insumos. Por ello no se garantizará salud gratuita en buenas condiciones a la población, por ejemplo en una cuna están 4 bebes expuestos a morir.

Cada año en Bolivia se diagnostica 18 mil casos de cáncer de diversos tipos y que cada año se necesita 90 millones de dólares para tratar a todos los pacientes, pero solo se destina 3,1% del presupuesto, el mismo que es menor en comparación con presupuestos en salud destinados al cáncer en países como Chile 4,5% o México 4,2%.

Y el SUS no toma en cuenta la inversión en infraestructura, equipamiento y personal, por ello el porcentaje de cáncer en la salud pública podría subir. Los pacientes con cáncer se movilizaron en incontables ocasiones exigiendo al gobierno el desembolso de recursos suficientes para la atención a este sector. Con un decreto supremo se destinó Bs.21 millones a esta enfermedad. Tales recursos fueron desembolsados luego de las protestas de los enfermos con cáncer en junio de 2018, por el cierre de la unidad de radioterapia del hospital de Clínicas de La Paz.

Por lo tanto, exigimos el gobierno no más vulneración a la Constitución Política del Estado y la no violación de la Ley Marco de Autonomías, porque en el convenio con las gobernaciones se está transfiriendo los hospitales de tercer nivel, lo que implica la centralización de la administración de hospitales. Con ello se expone a todos los profesionales a inseguridad en el desarrollo de su labor, porque se requiere equipos técnicos multidisciplinarios especializados para que coadyuven en la elaboración de normas y protocolos y no solo médicos generales, como son en su mayoría los cubanos.

Por otro lado, se sigue endeudando a Bolivia, con 1.934 millones de dólares para hospitales, deuda que pagaremos hasta nuestra quinta generación, que va subiendo día a día, por el afán oficialista de ganar adeptos en una campaña ilegal e ilegítima.

La autora es Economista - Abogada Constitucionalista.

 
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