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Trata y tráfico de personas en alojamientos clandestinos

Augusto J. Russo Sandoval

 

Según el diccionario, clandestino significa “que se hace de forma oculta o secreta, para burlar la ley”. Por lo tanto se refiere a la posibilidad de que una actividad al margen de la ley también pueda servir como instrumento para cometer otros hechos delictivos.

En ese sentido, en el caso de los alojamientos no registrados legalmente, tanto en la ciudad de La Paz, El Alto y otras urbes o zonas del país, dichas actividades económicas, por lo general, están siendo utilizadas para que menores consuman bebidas alcohólicas, con el riesgo de enfrentar hechos de violación.

Un caso denunciado se refiere a la retención de menores jóvenes, quienes corrieron el riesgo de ser víctimas de trata y tráfico de personas dentro de uno de los 450 alojamientos que hay en El Alto, donde más del 60% son clandestinos. Dentro de estas edificaciones se habilitaba un lenocinio y un bar, todos ellos clandestinos, para percibir ganancias por la comisión de delitos, de donde las menores lograron ser rescatadas.

Pero hay más, porque según registros de las instancias de investigación y los operativos desarrollados en varias ciudades, se logró de forma continua rescatar a menores expuestos a la explotación sexual, al consumo de bebidas alcohólicas y drogas.

Muchos de estos menores no llegaron por su cuenta a estos alojamientos, sino que fueron captados y convencidos de que podrían tener una experiencia inusual de fiesta y diversión gratuita sin límites, pero terminaron sometidos al proxeneta que identificó a sus víctimas posiblemente mediante redes sociales.

Estos alojamientos clandestinos si bien fueron intervenidos en varias ocasiones, de seguro rápidamente retomaron sus actividades, porque las instancias departamentales no definen una ley que sancione penalmente a los propietarios de estos bienes inmuebles. Y es que resultan ser cómplices de la comisión de delitos, como violaciones, trata y tráfico de personas, consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes en menores de edad, muerte de personas y sobre todo al convertir sus locales en guaridas de personas y organizaciones criminales que se hospedan sin registro.

Si bien dichos alojamientos deben remitir listas de las personas que se hospedan a diferentes instancias de control, este procedimiento continua siendo precario y rudimentario, en hojas de papel, en pleno Siglo XXI, cuando en sistemas de control no solo se incluye cámaras de seguridad, sino registros en red, para verificar de forma real la legalidad o no de actividades en tales recintos.

En algunos municipios fueron presentados proyectos para que las Gobernaciones exijan que los alojamientos instalen cámaras de seguridad de circuito cerrado, para evitar la comisión de delitos. Pero pudo más la presión de una actividad clandestina, que el compromiso de las autoridades por la seguridad de sus habitantes, quedando anulada dicha propuesta. Si bien era como pedir honestidad a quien vive en la ilegalidad, el propósito era que los alojamientos dejen de ser clandestinos e instrumentos para la comisión de delitos.

 
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