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Peregrinaje judicial y costos legales


 

La población litigante y quienes aún no ingresaron en esa etapa conocen que tanto los centros penitenciarios o las celdas de la instancia policial y judicial se convierten en “la casa del jabonero, el que no cae, resbala”, expresa el dicho popular, que en la actualidad es una verdad.

En tres días de seguimiento en los estrados judiciales, relacionados a los juzgados anticorrupción y de violencia de la familia se logró evidenciar el peregrinaje de la población litigantes, como infractores a la Ley 348 “Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”.

La primera etapa es la contratación de un abogado penalista conocido como de “primera instancia”, que permita que la personas puedan presentar la documentación correspondiente para su defensa y evitar que sea remitido a alguno de los penales.

“Los abogados de primera instancia no suelen ser menos caros, pero no es una regla, depende prácticamente de la suerte que uno tenga como litigante, lo importante en varios de los casos es que permita realizar una adecuada defensa, para evitar ingresar a la cárcel.

Pero si ya entras a San Pedro o a otro centro penitenciario, ahí debes contratar los abogados de la segunda instancia, ellos te permitirán salir con medidas sustitutivas en tres meses o más dependiendo no solo de cuanto le pagues, sino de cuan experimentado sea el abogado”, expresó Guillermo Hinojosa, uno de los abogados de defensa de Pablo un hombre acusado por su hermana, quien inició un proceso de violencia intrafamiliar en contra de su hermano, solo porque busca evitar que sea favorecido con la mitad de la herencia de un bien inmueble.

La clave para obtener medidas sustitutivas a la detención preventiva, de acuerdo con varios casos acusados por la Ley 348 en los artículos 312 o violencia familiar es tener familia constituida, domicilio y una fuente laboral licita, los tres elementos que, si bien pueden evitar ingresar a alguno de los penales, no garantiza que estén libres, porque deben defenderse con arresto domiciliario en la mayoría de los casos.

 
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