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[Augusto Vera]

No menosprecien al pueblo


 

Desagradable sorpresa se llevó el pueblo boliviano el 26 de diciembre de 2010 a pesar de que, debido a su tradición cristiana, no había terminado de celebrar el nacimiento de Jesús. Tal fecha fue escogida por el supremo gobierno precisamente para atenuar los efectos de una medida a todas luces impopular: lo que se vino en llamar “gasolinazo” y sobre cuya pertinencia económica o desatino político la dialéctica puede ser profusa, ampliamente generosa y desde la mirada macroeconómica, muy debatible. De cualquier forma, fue, salvo involuntario error, el primer llamado de atención serio para el gobierno sobre la inoportunidad de su medida, lo que provocó una rápida reacción de rechazo y el primer revés político que hizo volver sobre sus pasos al régimen.

Antes y después de ese episodio, hubo hechos que derivaron en reacciones, por diferentes razones, ni tan contundentes ni tan tímidas, que por lo mismo se diluyeron en ese tira y afloja en que el gobierno, apostando al cansancio, casi siempre sale con la suya.

Y no hace mucha falta refrescarle la memoria al lector respecto al último gran conflicto iniciado hace mucho menos de un año. El nuevo Código del Sistema Penal, sobre el que habiendo hecho en su momento análisis jurídico, me excuso, por ser tema ya resuelto, pero que entonces derivó en una reacción in crescendo, que el gobierno minimizó, mas, tratándose de un sector como el de salud, del que ni entonces, ni nunca, el poder político esperó ser hontanar de un conflicto que se le fue de las manos, para finalmente, torcer su brazo y quedar probado que cuando el pueblo se levanta, no hay poder que lo resista.

A diferencia de anteriores notas de opinión, también me abstengo de hacer valoraciones ampliamente expuestas y justificadas en anteriores notas respecto a temas como el referéndum sobre el Art. 168 de la Constitución Política del Estado; empero no podemos pasar por alto los anuncios de varios sectores del pueblo sobre marchas, protestas, vigilias y bloqueos contra el proyecto de Ley de Organizaciones políticas, ante la tibieza del Tribunal Supremo Electoral que un día sostiene que los resultados del 21F son vinculantes y otro, no sin acudir al eufemismo, declara que también lo es el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita la candidatura de Evo Morales. Es claro que sus vocales están entre respetar la CPE y ganarse problemas con uno de los lados o infringirla y ganarse problemas con los del frente.

La erradicación de cocales en La Asunta, las muertes que se produjeron, la detención de su máximo ejecutivo. La preferencia que según ellos el gobierno tiene con los cultivadores de la hoja, del trópico de Cochabamba, la posición oficial de la Confederación de Empresarios de Bolivia, especialmente en algunos rubros y la de los medianos y pequeños empresarios, de no pagar el doble aguinaldo sin riesgo de cierre de fuentes de trabajo y otros conflictos en ciernes, determinan que cualquiera sea el centro de la pugna, irremisiblemente están yuxtapuestos al 21F y la reprobación de la mayoría del pueblo a la repostulación presidencial. Así la UPEA, Adepcoca, las Plataformas ciudadanas, y otras organizaciones sociales, pueden responder con (y ojalá no tengan necesidad de hacerlo) un nuevo enfrentamiento con el gobierno, habida cuenta que todos sabemos que el ya en curso proyecto de ley no profundizará la democracia y dar marcha atrás en ello, no la hará naufragar. Eso sí, no subestimen al pueblo que ya ha demostrado su vocación democrática, por un lado y su decisión de hacerla respetar, por otra parte. No lo pongan a prueba, sobre todo si se hizo un inicial y aplaudido compromiso de obedecerlo para gobernarlo.

El autor es jurista y escritor.

 
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