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Según Colegios de Abogados

Nuevas autoridades no cambiarán situación de justicia en el país

• Los vínculos de algunos postulantes con el Gobierno incidirán en la toma de decisiones en la administración de justicia

 

El colegio de abogados de Bolivia asegura que la administración de la justicia no cambiará con la designación de nuevas altas autoridades, el Gobierno debe implementar políticas a largo plazo y el incremento de los recursos económicos al área, tomando en cuenta que solo asciende al 0.56 por ciento del Presupuesto General del Estado.

“No creo que exista un cambio, el problema de justicia no es un conflicto de personas, es un tema estructural, lo que se necesita es una política de Estado donde realmente haya intereses de mejorar la administración de la justicia, esto requiere mayor inversión en recursos económicos”, explicó la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia salame.

Esto coadyuvará a la implementación de nuevos juzgados con el personal de apoyo adecuado y la implementación tecnológica, para la implementación de una base de datos de las causas procesales y las notificaciones, el cual agilizará el la realización de audiencias.

LOS PROBLEMAS

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2017 asigna un monto de Bs 796.918.064 para el órgano Judicial. En la construcción de edificios se destina poco más de 44 millones de Bolivianos, mientras que para “garantizar la resolución de causas y procesos” en los tribunales departamentales de justicia se va el grueso del presupuesto de más de 753 millones de bolivianos.

El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, durante la Cumbre de Justicia que se realizó a mediados del 2016 en la ciudad de Sucre, solicitaron al Gobierno una mejor asignación de presupuesto. Sin embargo, este fue negado y las autoridades centrales les exigieron demostrar eficiencia.

En Bolivia existen 1.004 jueces en los tribunales departamentales para atender las causas ordinarias; además de otros 57 juzgados agroambientales y 21 para atender materia disciplinaria. Esto significa que en todo el país hay 1.082 administradores de justicia para resolver más de 800.000 causas que están en trámite y atender a los 11,1 millones de habitantes.

El informe del Consejo de la Magistratura no es nada alentador, pues un juez en materia civil atiende entre 1.500 y 2.000 causas, mientras que uno de materia penal puede recibir hasta 3.000.

LAS PROPUESTAS

Los 96 postulantes al Órgano Judicial y ll Tribunal Constitucional Plurinacional presentaron sus propuestas para mejorar la justicia, muchos de estos derivan en la implementación de nuevos juzgados, la digitalización del sistema judicial.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas advirtió que no basta que los postulantes hayan presentado estos proyectos, la mayor parte de estos no serán implementados por la falta de recursos económicos.

El Estado implementó nuevas normas judiciales para los cuales se requiere inversión, la capacitación del personal judicial y administrativo, la asignación de nueva infraestructura. La cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de ley del Código de Sistema Penal, en sus disposiciones transitorias señalan la creación de una Comisión de Seguimiento e Implementación.

La Escuela de Jueces del Estado y la Escuela de Fiscales estarán a cargo del plan nacional de formación y especialización, el cual deberá capacitar al personal sobre la nueva legislación penal.

VÍNCULOS

73 de los 96 postulantes a magistrados tuvieron vínculos con el partido de Gobierno, porque eran funcionarios públicos en las instituciones del estado, incluso algunos fueron autoridades del ejecutivo.

Centellas señaló que estos antecedentes e vinculación entre los postulantes y el Gobierno pueden influir en las decisiones que emitan las nuevas autoridades, además que esto se evidenció desde el comienzo del proceso de preselección, porque la asamblea legislativa es quien llevó todo el proceso de preselección.

 
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