Reestructuración de Comibol


 

La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), fundada en 1952 con el objetivo de que las minas vuelvan a propiedad del Estado nacional y sus ganancias sirvan para enriquecer a sus propietarios, todos los ciudadanos bolivianos, tuvo una suerte dramática, determinada por la burocracia, los supernumerarios, la corrupción, la caída de la ley cabeza del mineral y los precios internacionales de las materias primas minerales. Esa relación llevó a esa empresa estatal, que operaba mediante una forma de capitalismo de Estado, a una situación crítica, al extremo de que sus costos de producción eran muy superiores a los precios que pagaban las fundiciones coloniales radicadas en el extranjero y que hacían lo posible para que Bolivia no cuente con los mecanismos para industrializar sus recursos naturales.

Después de muchos años de crisis (1971-1979), los minerales alcanzaron precios favorables que permitieron al gobierno disponer de fondos para gozar de alguna bonanza y realizar algunas obras de infraestructura. Sin embargo, ese periodo de bonanza se derrumbó y el Estado volvió a entrar en crisis. Es más, y cuando se esperaba una etapa de altas cotizaciones, los precios internacionales se derrumbaron hasta niveles casi nunca conocidos, lo que determinó el cierre de las principales minas de Comibol y la destitución de más de 20 mil obreros (1985), bajo el eufemístico nombre de “relocalización”.

Esa nueva crisis duró hasta principios del Siglo XX coincidiendo con el ascenso al gobierno del partido de Evo Morales Aima, (el MAS), cuando casi de súbito, los precios del estaño, oro, zinc, plomo y otros minerales se “dispararon” a niveles jamás conocidos hasta entonces, llegando al caso del estaño que subió de 2 hasta l5 dólares la libra, es decir cerca de alrededor del 800 por ciento. Esa providencial alza de los precios internacionales de los minerales, por causas externas, como demanda de China, India, Corea y los países Brics, hizo que las minas nacionalizadas puedan producir con ganancias y permitir que el Estado goce de ingresos considerables (a la vez que ocurría lo mismo con el gas), permitiéndole una situación de bonanza nunca conocida en la historia de Bolivia.

Sin embargo, tan favorables condiciones no fueron aprovechadas por el régimen gobernante y más bien la minería estatal entró en crisis, al extremo de volver a caer en grandes dificultades por la deficiente administración de la empresa estatal. Las ganancias fueron derrochadas, Comibol mantuvo baja su producción, en Huanuni subió el número de obreros de un mil a cinco mil, aumentó sueldos y salarios en forma irracional, incrementó su burocracia y, entre otras deficiencias, emprendió proyectos faraónicos (por un total de cerca de dos mil millones de dólares), como la fundición de bismuto de Telamayu (2 millones de dólares), la puesta en marcha de la fundición de Karachipampa (62 millones de dólares), más parada que en operación; el nuevo ingenio de Huanuni (60 millones de dólares), concluido y entregado, sin funcionamiento por falta de agua y dique de colas; el proyecto del litio con un presupuesto de 920 millones de dólares.

Con esos antecedentes, el Ministerio de Minas anunció el 25 de noviembre de 2014, para tender una cortina de humo a la ostensible frustrada gestión minera estatal durante los diez últimos años, la “reestructuración” de Comibol, a partir del 2015, proyecto que ha merecido la crítica de la opinión pública y de la COB ya que, en casi tres años, no ha podido reestructurarse y que, posiblemente, como medidas similares, caerá en saco roto, con una ley de minería de mayo de 2014, hasta hoy sin reglamento, y sin una definición del sistema tributario que se aplicará a este sector económico. Entre tanto, nuestros vecinos, Chile y Perú, tienen un catastro de proyectos financiados en un horizonte de varios años por $us 49.208 millones y $us 46.996 millones, respectivamente.

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