Nuevos magistrados; ¿nueva justicia?

Alejo Veliz Lazo

 

A pesar de que el año 2011 ya se ha experimentado el camino de una supuesta nueva justicia, con un gasto inútil de aproximadamente 150 millones de bolivianos, las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo parece que nada han aprendido de la experiencia vivida.

Porque como resultado de esa experiencia, la justicia no sólo que se ha quedado como está, sino que en algunos casos ha empeorado; ejemplos concretos tenemos, como los casos del abogado Eduardo León, de Leopoldo Fernández y los de muchos ciudadanos comunes en todo el país.

Si esto es resultado de un intento de solución al problema de la justicia boliviana, que no llegó a buen puerto, ¿cómo se puede repetir la misma experiencia, el mismo camino, el mismo método? Es como para no creer en esta práctica repetitiva.

Si existiera realmente una voluntad política para cambiar la justicia en Bolivia, por qué no se reconoce elementos centrales de la democracia como pluralidad de los partidos políticos y el respeto a las minorías (entre otros); es decir, debiera darse la oportunidad de que todos los partidos con representación parlamentaria en el Legislativo pongan sus candidatos de forma igual con un número delimitado, de tal manera el soberano en última instancia elija de ese mundo plural al o la mejor.

Honestamente, con el mecanismo por el que se ha optado para nuevamente elegir a los representantes de la justicia, en el fondo es el mismo del pasado. La presencia del CEUB (que se cree que es nuevo elemento) no pasa de ser un florero con todas sus cualidades y empeños puestos, porque en última instancia quienes van a elegir a los futuros magistrados son los asambleístas. Y en la Asamblea, tanto en la cámara alta como la baja, tiene sus dos tercios un solo partido político, que se llama Movimiento Al Socialismo.

Entonces no podemos engañarnos así de día, pensando incautamente que esta vez el problema de la justicia se va a resolver, cuando en realidad se va a arribar a lo mismo, lo cual significará únicamente pérdida de tiempo y otros 150 millones de bolivianos se irán al tacho del basurero, pudiendo haber resuelto con esos recursos tantas necesidades que tiene nuestro pueblo.

Pero, ¿qué es lo que está llevando a un nivel de masoquismo a los órganos Ejecutivo y Legislativo, principalmente? Por detrás de toda esta telaraña está el vicio, el egoísmo, la ambición, la sed de poder por poder, es decir la reelección del actual Presidente, así de claro, que gran parte del país ya sabe.

Para esto pretende contar con personas de absoluta confianza, vinculadas al Órgano Ejecutivo con negocios de gran envergadura por debajo de la mesa, es decir, donde ambas partes se beneficien mutuamente y ambas salgan ganando en desmedro de todo un pueblo que sigue esperando resultados de los gobernantes.

En definitiva el problema de la justicia no pasa por el camino que han retomado las autoridades, es más bien un problema estructural que tiene que partir de todas las universidades, especialmente las públicas; en el fondo es un problema educativo en las carreras de derecho, donde hay que plantear con exclusividad un nuevo rediseño curricular. Para ello se puede señalar algunas líneas maestras.

Actualizar los contenidos de las materias que importan realmente, implementar materias nuevas y borrar otras que no están dando resultados en la formación de los abogados.

Cualificar a los docentes que valen la pena con actualizaciones permanentes, en la medida en que hoy estamos viviendo la era del conocimiento y hay cosas que vienen y pasan rápido por obsolescencia.

Eliminar los “grupos de poder”, que no son sino esferas de docentes que han visto una forma de vida enseñando (aunque de manera deficiente) y se han cerrado herméticamente, no dejando entrar a nadie, a menos que sean de su condición, casi en todas las universidades públicas.

Crear una instancia de docentes y estudiantes meritorios para la evaluación y valoración permanente de la labor del docente y convocar semestral o anualmente a docentes formados a través de exámenes de competencia, más allá de las autonomías, que muchas veces resultan el manto de mediocres.

El último año de derecho todas las materias deberían ser prácticas forenses, vale decir, aplicar en la vida real lo que se ha aprendido con investigaciones serias, acompañadas de fuerte inserción de la ética y moral profesional.

Lo mencionado, entre otras cosas, permitirá que el abogado salga capaz de defenderse en cualquier frente, no necesitará militar en partido político, corromperse o hurtar, como hoy sucede con gran parte de los abogados, fiscales, jueces, secretarias, amanuenses, magistrados, tanto en su trabajo particular o en los cargos públicos.

El día que se reestructure seriamente las facultades de derecho, que es de abajo para arriba y no de arriba para abajo (en que creen las autoridades), acompañado con algunas normas del poder central sin contaminación político partidista, ese día se puede estar dando los primeros pasos para acercarse a la justicia.

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