Cámaras de vigilancia para seguridad ciudadana

Rómulo Delgado Rivas

 

En nuestro país el crecimiento del índice delictivo es una problemática social permanente, afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Versiones oficiales demuestran que el índice criminal ha tenido un incremento en la tasa anual de 10,8/100.000, medida en cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Informes de la Policía Boliviana establecen que los delitos más denunciados son robo, hurto, estafas y falsedad de documentos, seguidos por violencia familiar, trata y tráfico de personas y delitos de agresión sexual, mientras que homicidios, lesiones, amenazas y conducción peligrosa se encuentran en un tercer lugar.

La Policía Boliviana realiza labores de patrullaje las 24 horas del día a través de sus diferentes unidades y organismos policiales, éstos pueden resultar insuficientes debido al crecimiento poblacional y demográfico, situación que ha obligado, conforme a Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a la implementación de medidas de prevención tecnológica de sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica para el control y prevención de delitos, faltas y contravenciones, así como centros automáticos de despacho para optimizar la atención de las necesidades, requerimientos y auxilio a la sociedad.

Esta norma establece también que las entidades financieras bancarias, las entidades públicas y los centros de esparcimiento público y privado con acceso masivo de personas, deberán instalar en sus dependencias sistemas de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico para garantizar la seguridad de las personas.

La Ley de Seguridad Ciudadana no obliga a las personas particulares a instalar cámaras de seguridad en todos los negocios y domicilios particulares, pero se debe considerar que muchos delitos cometidos en diferentes ciudades del país, fueron investigados y resueltos por la Policía Boliviana con la ayuda de las cámaras de vigilancia electrónica instaladas en negocios y domicilios particulares, cuya investigación posterior logró identificar a las personas involucradas para luego proceder a la captura de los autores.

Desde muerte de personas, robo de domicilios, robo de vehículos, secuestro exprés y hasta atropello a peatón con fuga, fueron resueltos gracias a las imágenes recabadas por cámaras instaladas por domicilios particulares.

En un caso reciente en la ciudad de Santa Cruz, a fines de agosto del presente año, se produjo la muerte del pasajero Carlos Vidal Tamo, que fue impactado por una bala perdida dentro de un microbús, daño provocado por grupos que se dedican al microtráfico de droga y que disputan dominios territoriales. Posteriormente la Felcc arrestó a dos sujetos sospechosos de haber disparado el arma de fuego, ambos fueron identificados por el video de una cámara de vigilancia en la calle del barrio Petrolero Caja, zona de La Morita.

Se debe considerar que las cámaras de seguridad instaladas en un domicilio particular disuaden a los delincuentes, ya que éstos se sienten observados, además permiten a los propietarios del domicilio controlar las áreas internas y externas a personas y vehículos sospechosos que se encuentran en inmediaciones. Por estos motivos se hace necesario recomendar su instalación en domicilios y negocios particulares de acuerdo con sus posibilidades, a fin de reducir las acciones y atentados delictivos.

Un equipo básico de vigilancia electrónica compuesto desde una cámara externa y su equipo de grabación de un mes, tienen un costo de Bs 1.900, el equipo de dos cámaras para grabar al exterior e interior del domicilio, registra un costo de Bs 2.050 y con cuatro cámaras además de accesorios tienen un valor de Bs. 3.000, puede variar según el número y calidad de equipos.

Es necesario generar una conciencia de Seguridad Ciudadana en la población, que pueda lograr la participación de los ciudadanos en general, invirtiendo en su propia seguridad.

La Policía Boliviana junto a las empresas que ofrecen implementos de seguridad electrónica deberían realizar ferias de manera permanente, dirigidas al público en general en el ámbito de la seguridad ciudadana, para demostrar los beneficios y ventajas de éstos, lo que permitiría reducir la comisión de delitos contra la propiedad, como atentados a la vida de las personas, reduciendo también el índice delictivo y mejorando la calidad de vida de las personas.

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