Cultura constitucional

Comisión de la Verdad, de verdad

Oscar Barrientos Jiménez

 

Desde el periodo de 1964 a 1981 Bolivia tuvo que soportar 18 años de regímenes militares dictatoriales y totalitarios con brevísimos intentos de retomar la senda democrática. Al presente, y, no obstante de estar presumiendo ya de 34 años de democracia, muchos de los restos mortales de varios desaparecidos entre ellos grandes líderes y referentes siguen sin ser encontrados. Las causas, falta de verdadera voluntad política para investigar las atrocidades que se cometieron en las dictaduras. A consecuencia de ello, esta vergonzosa página negra de la historia boliviana y deuda histórica de los militares de ultraderecha con la democracia sigue siendo una asignatura pendiente.

Nuestra frágil memoria parece haber olvidado que de acuerdo con registros de Amnistía Internacional de aquella época, más de 200 personas habrían sido asesinadas, más de 5.000 habrían sido detenidas de forma arbitraria, alrededor de 20.000 habrían sufrido exilio o deportación, y unas 150 habrían sido víctimas de desaparición forzada.

En contrasentido con la amnesia boliviana, en otros países como Argentina ya se emitió una histórica sentencia contra 15 militares, entre ellos el presidente de facto Reynaldo Bignone, con condenas de hasta 25 años de cárcel. Asimismo, el Ministerio de Justicia de ese país reportó que al menos 40 bolivianos están en la lista de desaparecidos al haber sido víctimas de la macabra Operación Cóndor que no fue otra cosa que una especie de Mercosur del terror conformado por dictadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, quienes de manera organizada y sistematizada según estadísticas de derechos humanos –no desmentidas por los gobiernos de los países referidos- causaron por lo menos 35.800 víctimas entre muertos y desaparecidos.

La historia de estos 34 años de democracia deja tímidos intentos tanto de gobiernos de derecha como de izquierda, en investigar el pasado más aciago de la historia de las dictaduras de Bolivia, desde la conformación de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados de 1984; hasta la conformación del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas de 2003, traducidas en simples tentativas de investigación por distintos factores como carencia de presupuesto, improvisaciones, falta de compromiso, fuerte inclinación a la impunidad por no causar incomodidad en altos mandos militares, archivos que continúan sin desclasificarse, etc.

Actualmente, existe una mínima esperanza de que al fin se implemente una Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación, gracias al proyecto de ley de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), esperemos que esta iniciativa legislativa encuentre por fin alguna consideración en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Para profundizar sobre esta sensible temática, invito cordialmente a leer el artículo de mi autoría publicado en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano – 2012, denominado: “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia: Ineludibles reflexiones para el Estado sobre desaparición forzada de personas”, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2012/pr/pr19.pdf.

El autor es Máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.

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Reinició sus ediciones el primero de septiembre de 1971.

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