[Alberto Zuazo]

Punto aparte

Elevación de gravámenes a importaciones


 

Aunque con demora, el ministro de Economía, Luis Arce, se percató que había que fomentar la producción nacional, por lo que el 19 de este mes hizo aprobar en el gabinete ministerial el decreto supremo que incrementa las alícuotas de gravámenes de importación a una decena de productos alimenticios, en especial.

Era una medida planteada por columnistas de opinión, cuando observaron con inquietud el creciente aumento de las importaciones, al extremo de que en el primer semestre del presente año sobrepasaron ligeramente a los ingresos fiscales.

“Peor es tarde que nunca”, reza el proverbio popular, por tanto resultan acertadas las previsiones del referido decreto, pero el riesgo es que el contrabando continúe con más intensidad, porque el aumento de gravámenes comprende mayormente a productos alimenticios.

Los contrabandistas hace tiempo que incursionaron en este sector y ahora se sentirán como estimulados para persistir en sus actividades ilegales.

Con estas consideraciones no se está en contra de las medidas adoptadas, sino a donde se quiere llegar es a que se adopte, de forma paralela, disposiciones más severas para frenar el contrabando, que además es de ida y vuelta.

Es decir, se extrae productos nacionales y se interna los mismos u otros más que tienen demanda permanente en las poblaciones urbanas. La prueba de ello es que el mercado de La Paz, para citar un caso que se observa diariamente, está ampliamente abastecido de ciertos productos alimenticios y de frutas internadas de manera ilegal de todos los países vecinos.

Entonces, para que el remedio no sea distorsionado –sólo encarecer algunas importaciones–, es urgente poner en práctica una serie de recursos represivos, no sólo policiales, sino también judiciales, para desalentar y, en última instancia, poner freno completo al contrabando.

Por supuesto, el contrabando tiene mucho que ver con la situación social prevalente en el país. Pues, personas, de ambos géneros, al no encontrar trabajos formales, ponen en riesgo su seguridad e incluso contraen créditos con subidos intereses para tener un medio de subsistencia y, en casos, hasta de enriquecimiento.

A propósito, mucho tienen que ver, con la actividad ilegal del contrabando, las fastuosas fiestas populares. Empero, es promisorio que mejoren los niveles de vida del total de la sociedad nacional e incluso se pueda disponer para los gastos que demandan las fiestas.

Ahora, lo razonable sería que esas personas, familias y grupos que han alcanzado un buen nivel de ingresos, lo administren con prudencia y ponderación. Las fiestas y otros gastos dispendiosos pueden mantenerse, pero sin perder de vista que también es necesario ahorrar en previsión de que el jolgorio tiene su tiempo, pero la edad avanzada llega más pronto de lo que se quisiera.

En esa etapa de la vida, como no se puede seguir operando con el contrabando, la perspectiva puede ser dolorosa. Llevar una existencia de carencias que, en casos extremos, tienden a tornarse en miseria.

Para esas circunstancias, de enfermedad y pobreza, no se cuenta con la seguridad social, que permite obtener pensiones jubilatorias. Aunque éstas sean modestas, son ya una salvación para evitar esos trances penosos.

Cuando las realidades sociales son preocupantes, es pertinente que la administración del Estado alcance a la solución de estas situaciones que, ciertamente, no son de fácil reversión. La solución sería que se estructure muy bien un sistema de seguridad social general.

El servicio existente funciona sobre la base de los aportes de los futuros beneficiarios, pero cuando el empleo informal abarca a un amplio segmento de la población, esto es que no tiene la posibilidad en toda su vida de realizar tales aportes, el Estado debe extender su mano protectora para aquella inmensa masa desprotegida. La posibilidad no es una extravagancia o desmesura, al presente existen ya países que tienen aquel sistema y lo hacen sin que implique una caridad, sino una obligación de los Estados: proteger a su población de estados de miseria, humillación y deshonor.

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