El contrabando afecta a la industria nacional

Alto costo de la legalidad provoca comercio informal

• Las personas que se dedican a la informalidad no siempre es por necesidad, sino porque ponen en balanza el costo de ser formal y el de no serlo y, por ende, se mueven por el que creen que más beneficia económicamente


Ciro añez en la presentación de su ponencia en el encuentro internacional de abogados.
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El contrabando afecta a la industria nacional aseguran los empresarios al referirse a esta actividad ilegal, que cada día ingresa productos de países vecinos. Pero cuál el origen para que el comercio ilícito vaya en aumento. Hasta hay un Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando, cuyos miembros ya tuvieron dos reuniones para diseñar estrategias en contra de la internación de productos ilegítimos. El alto costo de la legalidad promueve la ilegalidad, en opinión de Ciro Añez, abogado, master en Derecho Procesal y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Señala que el contrabando es un ilícito y lleva consigo una red de corrupción que ocasiona severos daños a la economía nacional y para cada país que lo padece. “Aquella idea de que el contrabando deba ser combatido con una inflación de leyes que implique mayor número de denuncias, vigilancia, etc., motivando la creación de más burocracia, aún no termina de ser el remedio, teniendo en cuenta los altos índices de informalidad que existe en el país”, reflexiona

A pesar de ello, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, destaca la labor que desempeña la Aduana Nacional de Bolivia, para evitar el ingreso de productos de contrabando.

La tarea de la Aduana apunta a apoyar y evitar el mayor perjuicio que sienten algunos sectores por el tema del contrabando, debido a la devaluación de sus monedas.

Nostas dijo que coordina acciones con varios ministerios económicos para paliar los efectos que puedan sentir algunos sectores empresariales por la crisis económica internacional y por la devaluación de sus monedas que ejecutan los países de la región.

Hace poco, la presidente de la Aduana, Marlene Ardaya, presentó un informe en el que muestra el trabajo que realizaron en el primer semestre de la presente gestión. En la presentación mostró la incautación de ropa usada así como autos chutos y mercadería variada decomisada.

Nada por Ley

Para Añez no es por ley, decreto o sentencias que se acabará la corrupción o que una sociedad cambiará de la noche a la mañana, pues desde una perspectiva económica resulta que el costo de la legalidad es inversamente proporcional al ingreso de la población y, por consecuencia, cuando en una sociedad existen muchas leyes en realidad los más afectados resultan siendo los pobres. “A esto se lo conoce como “discriminación legal” pues todo incremento en la cantidad de normas de una sociedad acaba siendo discriminatorio”, agrega.

Opina que el alto costo de la legalidad responde a condicionamientos políticas y es un reflejo de cómo se utiliza el poder legislativo en un Estado.

“Cuando el poder carece de limitaciones es previsible encontrar un alto costo de la legalidad (el costo de la ley es un mero reflejo del poder)”, sostiene.

Costo de

oportunidades

Explica que por un problema de satisfacciones alternativas y de costo de oportunidad, a los ricos la ley les es más barata que a los pobres, porque los ricos tienen que sacrificar menos de su ingreso personal para cumplir con la ley, mientras que los pobres tienen que sacrificar más cosa significativas, es decir: más tiempo y más información (ambos elementos son excesivamente costoso en todo el mercado).

Entiéndase que el contrabando es un ilícito “tributario” aduanero, muestra de ello, es que se encuentra previsto en el Código Tributario. De esta manera, dado que en Bolivia el nivel impositivo es y se mantiene alto (significa que el costo de legalidad es alto) resulta que muchas personas por un costo de oportunidad, incursionan al contrabando porque consideran a esta como rentable, favorable e incluso en algunos casos hasta impune (existen localidades o pueblos en Bolivia dedicadas al contrabando, donde la policía ni el COA ni los fiscales pueden ingresar).

Para Añez muchas personas se dedican a la informalidad no necesariamente por necesidad sino porque ponen a la balanza el costo de ser formal y el de no serlo y, por ende, se mueven por el costo de oportunidad.

lucha contra el

contrabando

En este sentido, considera que la mejor lucha contra la corrupción aduanera no es siendo exclusivamente reactivos (reaccionando con denuncias) sino atacando al contrabando.

En ese contexto, el entrevistado plantea que una manera de bajar la actividad ilícita es vía reducción del costo de la legalidad, por ejemplo: bajar el costo de los impuestos dado que es evidente que muchas personas no pueden cumplirlos; muestra de ello es que se ha proliferado en magnitud la informalidad y a quienes actualmente se los agobia en sobremanera y de forma permanente son a las minorías formales.

También señala que la lucha contra la corrupción será más efectiva sí se baja la burocracia administrativa; y es partidario de que se permita a la sociedad civil, establecer asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción (con financiamiento privado e independiente al poder político o partidario), y que estos puedan fiscalizar la labor de los funcionarios públicos y promover auditorías forenses.

Planteamientos

El valor del IVA, cuya tasa efectiva es aproximadamente del 15%, se debe bajar al 5%. De esta manera todos podrían y estarían obligados a pagarlo, debiendo ser eliminado el régimen simplificado, además que se le brinda la oportunidad al informal que cambie de proceder, es decir, el actual delincuente informal (contrabandista) vería los beneficios de la legalidad, puesto que gracias a ella, podría acceder a una serie de beneficios como: acceso a créditos, expansión legal de su negocio, establecer una empresa, posicionar una marca, etc.; por lo tanto, podría cambiar de bando por el costo de oportunidad que ella le ofrece. En otras palabras, el Estado debería ofrecer suficiente seguridad jurídica y oportunidades para que existan cada vez más formales y menos informales en el país.

Que la sociedad civil, como se expone en el libro “Los delitos de corrupción” pueda establecer asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción (con financiamiento privado e independiente al poder político o partidario) donde se le permita verdaderamente trabajar y sea esta respetada.

China ha creado una Comisión Independiente Anticorrupción a manera de brigadas de control, de prevención y de instrucción destinados para los menores de edad hasta los adultos mayores en pro de la no corrupción, con el propósito de que se entienda de que las arcas públicas no son dinero de los burócratas y que se debe castigar a la corrupción (no se la debe tolerar).

Permitir auditorías especializadas forenses externas por parte de las Fundaciones y Asociaciones Civiles en sectores de control de determinadas entidades públicas, por ejemplo, en la Aduana Nacional (auditoría a los procesos). Debiendo dichas auditorías emitir conclusiones, recomendaciones y sugerencias.

Que las personas entiendan que el costo de acceso a la justicia no es mediante slogans sobre principio de gratuidad en los procesos judiciales sino que tiene que ver con el verdadero costo que la burocracia representa.

FUENTES: Ciro Añez

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