[Boris Santos Gómez]

La década de la reforma energética boliviana


 

Para los próximos diez años (2015-2025), me atrevo a decir que Bolivia necesitará aproximadamente 60 mil millones de dólares (6 mil millones/año) en inversiones privadas/públicas para renovar, reimpulsar y reposicionarse como país gasífero.

Son necesarias inversiones en exploración (de gas y petróleo convencional como del shale o no-convencional); explotación y desarrollo de campos con perforación intensiva; tendido de nuevos ductos; plantas de generación eléctrica (al menos un par de generación de 4.000 MW cada una para exportar); renovación de su matriz energética interna; desarrollo de gas-química (plásticos); proyectos de gas a diésel (GTL); insertarse en negocios LNG (¿proyectos conjuntos con Perú?) y otros que permitan no sólo exportar materia prima sino fundamentalmente valor agregado.

Esas cifras parecen locura, pero no lo son. Veamos: en el reciente evento internacional, congreso Bolivia Gas y Energía, organizado por el sector privado energético boliviano, agrupado en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, el Vicepresidente del Estado boliviano indicó que se está “ejecutando una serie de acciones”, entre ellas un “plan de inversiones hasta el 2025” con su “principal medida en invertir 30.000 millones de dólares”, de los que 8.000 millones de dólares se invertirá en exploración y los restantes 22.000 millones serán en industrialización, transporte y distribución.

Para los administradores del Estado boliviano, del total de los recursos, el 20% provendrá del sector privado y el 80% restante lo asumirá el Estado boliviano. El plan esbozado por el segundo al mando del Estado indica que tiene por objetivo, también, generar 4.300 Mw de electricidad (termoeléctricas) hasta el 2020, de los cuales 2.500Mw se destinará a la exportación. Además no descartó exportar gas y energía eléctrica a Chile. A propósito, este tema de exportar energía (electricidad, gas, etc.) a Chile es complejo, inicialmente los que están al mando de Bolivia se opusieron tenazmente a cualquier propuesta de este estilo.

Esas cifras, esos propósitos y esos objetivos obviamente merecen y tendrían que estar contenidos en una Nueva Política Energética (NPE), sustento base de una profunda Reforma Energética que sea motivo para una nueva legislación en hidrocarburos y una nueva legislación en electricidad -mismas que están en vigencia desde hace una década y dos, respectivamente-.

¿Cómo llegamos a sugerir la cifra de 60 mil millones dólares para la década? Vamos con un poco de historia reciente: en el lejano agosto de 2008 -con visión profética-, el entonces secretario ejecutivo de la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en América Latina y el Caribe (Arpel), José Félix García, dijo que “para explotar la capacidad productiva de gas, el país (Bolivia) requiere invertir 3.500 millones de dólares por año” para “apostar a ganador” (Ver EL DIARIO, 20/08/2008 http://www.eldiario.net/noticias/2008/2008_08/nt080820/3_07ecn.php).

Recuerdo haber participado de esa reunión, en la que el secretario de Arpel indicó su visión ante un lleno auditorio de analistas y ejecutivos, y recuerdo, además, que inmediatamente redacté una columna para medios bolivianos, no solamente apoyando tal iniciativa sino indicando que ciertamente es un verdadero prospecto de negocios u hoja de ruta que Bolivia debería seguir a pie juntillas.

Aparentemente, la actual administración estatal boliviana (al mando del país desde 2006) no hizo caso al consejo del reconocido experto en materia de hidrocarburos y energía y desde 2008 a la fecha, promediando, por supuesto que no se invirtió la cifra de USD 3.500 millones por año. Fue mucho menos y no se logró re-posicionar al país como -acertada y tempranamente- recomendó el entonces hombre fuerte de Arpel.

Inclusive fue más allá, manifestando que de ese total de capital, 10.000 millones debe asignarse a la exploración y producción, 15.000 millones a infraestructura y 10.000 millones más para la petroquímica.

A la fecha no se tiene una NPE y recién se está pensando en buscar 30 mil millones, cifra que -dado el cambio de escenario- ya no es válida.

Con el advenimiento al mercado de nueva tecnología, nuevos costos de exploración, producción y, fundamentalmente, el “nuevo jugador económico”, como es el shale-gas, pues insertar a Bolivia a complicados portafolios de negocios en desarrollo de la industria convencional de gas/petróleo, de LNG, industrialización de gas en valor agregado, etc., no van a ser muy útiles los 30 mil millones sugeridos desde la administración estatal, sino que se necesitará muchísimo más, si verdadera y efectivamente están pensando en una industria competitiva, a escala y tecnológicamente de última generación (como son hoy los negocios en hidrocarburos de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, o Estados Unidos).

No es iluso pensar en que para los próximos diez años se necesite 60.000 millones de dólares para posicionar a Bolivia como un hub competitivo en energía (distribuidor de gas, de electricidad, de combustibles) y adicionalmente invertir en hidroeléctricas para “liberar” el gas que hoy se destina a electricidad y más bien utilizarlo en -ejemplo- producción de diésel sintético (tecnologías gas-to-liquids).

Desde 2008 a la fecha transcurrieron siete años. No se redactó ni deliberó la nueva ley del sector ni se incentivó proyectos de escala.

El Estado boliviano tiene la obligación de -mejorando sus marcos legales y con una NPE- atraer socios capitalistas para encarar proyectos de escala, si realmente quiere diseñar una visión de largo aliento para re-acomodar a Bolivia como jugador estratégico en suministro de energía.

Sería ideal, por ejemplo, que Bolivia sea como Qatar en negocios de valor agregado al gas y que, por ejemplo, para su presentación formal ante el próximo III Foro de Países Exportadores de Gas, que se realizará en Teherán, en noviembre 2015, lleve una propuesta seria para convertir a Bolivia en un hub de negocios en energía, presentando un modelo de negocios abierto a capitales, tras una necesaria reforma energética integral.

El autor es consultor del sector privado, sigue sus análisis en Twitter: @bguzqueda

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