Seguridad ciudadana es tarea de todos

Víctor Hugo Oña Ovando

 

Para nadie es desconocido que en los últimos años la delincuencia y criminalidad están en ascenso peligroso, fenómeno que de manera urgente debe ser tomado en cuenta, tanto por gobernantes como por gobernados, porque estamos a tiempo para evitar que el delito se institucionalice en el país y tome carta de ciudadanía, como viene ocurriendo en otros países, donde el crecimiento del narcotráfico, de las pandillas juveniles, conocidas como maras, los secuestros y otros tipos de delitos son cometidos a plena luz del día y de manera sistemática y planificada por los delincuentes, que dificultan el accionar policial y ciudadano destinado a erradicar el delito.

Ante ese peligro, corresponde tanto a las autoridades como a los ciudadanos analizar y planificar acciones de manera coordinada, que puedan conducir a una lucha frontal contra la delincuencia, sin distinción de clases o favoritismos que se presentan, aunque no se los quiera reconocer. Es como querer tapar el sol con un dedo no reconocer los actos de corrupción que se cometen en todo nivel, los mismos que deben ser investigados y sancionados, porque estamos en un Estado de Derecho, donde no se puede dejar pasar esos delitos que merecen ser sancionados de acuerdo con lo que manda la ley.

La verdad es que las instituciones encargadas de la prevención de los delitos no están cumpliendo las labores que les corresponden, porque dejan pasar las cosas y no atacan al mal. Entre los responsables de la prevención de los delitos, tenemos necesariamente que incluir a los ciudadanos y los medios de comunicación, algunos de los cuales se convierten en cómplices y apologistas del delito, por ejemplo al publicar crónica roja con rimbombantes titulares, sin tomar en cuenta el daño que están causando a jóvenes y niños que tienen acceso a esa información.

Cuando uno se refiere a los medios de comunicación no generaliza, porque existen periódicos, radioemisoras y empresas televisivas ajenas a la crónica roja y si tienen que publicar noticias referidas al crimen o al delito, lo hacen de manera objetiva, imparcial y de manera profesional. Es el caso de El Diario, Decano de la Prensa Nacional, que tiene cuidado para no hacer publicaciones fuera de contexto y ajenas a la verdad y cargadas de sensacionalismo. Por el contrario, elabora sus noticias con veracidad.

Al ciudadano común no le interesa conocer si su seguridad depende de la policía de prevención o del policía de investigación y menos averiguar los lazos que unen al policía con el representante del Ministerio Público o un miembro de la justicia ordinaria. Lo que sí le interesa es que los encargados de la defensa de la sociedad y conservación del orden público cumplan con su misión constitucional y coordinen sus actos con las instituciones correspondientes, pero también con los ciudadanos a través de las juntas de vecinos, para coordinar acciones que conduzcan a la seguridad de las personas y de sus bienes o patrimonio.

El ciudadano común considera que está protegido cuando confía o cree que la Policía lo cuida y esto está asociado a la presencia policial en puntos estratégicos de la ciudad. Pero en verdad se presenta una situación compleja, por la variedad de la delincuencia que caracteriza a las diferentes regiones del país, porque en una el principal delito es el robo y asalto, en otras es el secuestro y atraco. Lo mismo ocurre con el abigeato, el homicidio y otros tipos de delitos. Ante esta realidad corresponde planificar una política de seguridad que cuente con estrategias específicas para cada una de las diferentes regiones y estratos delictivos.

Si realmente se quiere acabar con la criminalidad y la delincuencia, es necesario unir y extremar esfuerzos entre los estamentos de la sociedad, a fin de planificar y coordinar las tareas y acciones para una lucha frontal y decidida contra los delincuentes. Esto será posible con una redistribución de los recursos del Estado, contenidos en el Presupuesto General de la Nación, introduciendo cambios sustanciales en la formación y capacitación académica en cada uno de los institutos de formación policial y, sobre todo, con una participación activa de la sociedad civil, con iniciativas que ayuden a garantizar la seguridad ciudadana. Es decir que todos tienen que ser partícipes de esta gran empresa, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos.

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