[Alberto Zuazo]

Punto aparte

La escandalosa “compra” de barcazas


 

Al haberse concertado con Uruguay la posibilidad de que Bolivia pueda acceder al océano Atlántico, previa la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa del departamento Rocha, del país hermano, el requisito previo sería utilizar la hidrovía del río Paraguay.

Con la aparente finalidad de intensificar el uso de este medio en los ríos de la Amazonia boliviana, para estimular las exportaciones por el Atlántico, en febrero de 2011 se acordó con cuatro empresas coreanas la provisión de 16 barcazas y dos remolcadores. La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó por adelantado el costo total convenido, 28.9 millones de dólares.

Ante la perspectiva que se abre para llegar al Atlántico, merced a la concesión uruguaya, las tales barcazas podían haberse constituido en el más valioso aporte.

Empero, una auditoría que realizó el Ministerio de Defensa estableció que el entonces gerente de Enabol, C.Almirante Freddy Ballesteros y las empresas coreanas, montaron un fraude monumental contra el Estado. Esta versión se halla contenida en el Boletín Informativo de dicho Ministerio, No. 34, de agosto de 2013.

El delito fue judicialmente constatado, por lo que se dispuso el encarcelamiento de Ballesteros, pero lo que sorprende es que de ahí para adelante el Gobierno no realizó los esfuerzos necesarios para que se le entreguen las barcazas y los remolcadores, que hasta hace un tiempo estaban incautadas en un puerto de China.

Últimamente no se supo ya si la tal empresa china, que había adelantado a las autoridades bolivianas que las remataría, procedió de esta manera o aquel equipamiento sigue en su poder. El argumento que empleó era que las empresas coreanas, que quebraron y subrogaron el contrato a una empresa china, ésta no le estaba pagando los alquileres por tener las barcazas en su puerto.

El antecedente de esta situación es que la auditoría efectuada por el Ministerio de Defensa reveló que la Comisión de Calificación de Enabol cometió varias ilegalidades, en particular en la verificación de los documentos presentados por las empresas coreanas proponentes.

Tal el caso de una de las empresas contratadas, SeAH ByK Duck Sociedad Accidental. La Comisión consideró que siendo la empresa de reciente creación en Bolivia (4-11-2009, Testimonio 941/2009) no era necesario que presente el formulario A-3 de Patrimonio Neto e Índice de Liquidez, pues consideró que era suficiente el Balance de Apertura.

La Comisión, empero, tampoco evaluó la documentación del Balance de Apertura. De esta manera, la empresa presentó un patrimonio de apenas Bs. 160.000, monto que no guardaba proporción ni respaldo con la inversión inicial de 14.400.000 dólares que realizaría Enabol.

La auditoría oficial estableció, además, que ninguna de las cuatro empresas coreanas contratadas por Enabol contaban con el Registro de Comercio, por lo que no estaban habilitadas para realizar actos de comercio en Bolivia, “ya que se tratarían de empresas de maletín, sin personería ni domicilio legalmente constituido”.

Este caso de corrupción es uno de los más escandalosos que se conoce, por lo menos públicamente, cometido durante el régimen actual.

El presidente Morales ha viajado siquiera un par de veces a China. Es de presumir que tiene una relación fluida con los gobernantes de Pekín, por lo que pudo gestionar políticamente la entrega de las barcazas y los remolcadores, pero aparentemente nada hizo al respecto.

La otra opción era negociar el alquiler que exige la empresa China. Empero, no existen siquiera indicios, menos anuncios oficiales, de que se hubiera realizado gestión alguna en este sentido, o que esté en marcha.

En consideración a que la empresa china anunció en noviembre de 2013 que se proponía rematar las barcazas y los remolcadores, al presente existe la posibilidad de que hubiera consumado ya ese su propósito.

El total silencio oficial que existe al respecto, induce a suponer que el escandaloso fraude de casi 30 millones de dólares tiene tantas ramificaciones en el interior de la actual administración masista, que nadie tiene el propósito de poner al descubierto su purulencia.

Algunos pormenores que se conoce del caso establecen que ciertos organismos públicos e incluso el Banco Central tienen mucho que ver con el caso. Referirlos en estas líneas excedería su espacio disponible, pero lo evidente es que desde el comienzo del emprendimiento hubo múltiples irregularidades, de impresionante magnitud.

Ballesteros tuvo el descaro de suscribir en febrero de 2011 un fraudulento Protocolo de Entrega y Aceptación de las 16 barcazas, supuestamente en el puerto chino de Weihai. ¡Pero él se encontraba en La Paz!

El documento, sin embargo, sirvió para anular una Boleta de Garantía de 14.400.000 dólares. Los contratos y las adendas modificatorias suscritos preveían que la entrega de los equipos se realizaría en el puerto de Rosario-Argentina, lo que no sucedió hasta hoy. Por tanto, mientras no ocurriera esto, no podían ser levantadas las garantías.

Según la mencionada documentación, estaba pagado por adelantado el costo del traslado de las barcazas hasta Rosario. Pese a ello, Ballesteros suscribió otro contrato para lo mismo, con la empresa General Marine Business (GMB Inc.), en 31 de marzo de 1010, procediendo al pago al contado y por adelantado de tres millones de dólares.

A las tantas fechorías del ex Gerente de Enabol, se sumó otra. El 25 de abril de 2012, firmó en China un contrato con la empresa ADO Corporation, por 10 millones de dólares, para la adquisición adicional de ocho barcazas, conclusión de los dos remolcadores, la liberación de las 16 barcazas retenidas en ese país y el transporte de todo el material desde China hasta Rosario, Argentina. Este último resultaría ser el tercer pago.

Ante tanto acto delictivo de Ballesteros, resulta ingenuo suponer que actuó por cuenta propia. Tuvo que haber tenido cómplices y, principalmente, el respaldo de altas esferas de poder. A menos que, a falta de fiscalización institucional, en el régimen actual esté generalizada la administración discrecional de los recursos públicos.

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