Informe defensorial 2014

592 conflictos sociales y 31 muertes


Los conflictos sociales, la justicia por mano propia y casos de muertes en recintos de detención policial dejaron como resultado 31 fallecidos, durante esta gestión, según detalla el informe sobre el Ejercicio de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

Hasta octubre de este año, los fallecimientos en conflictos aumentaron en relación a la gestión pasada. Las muertes sumaron 14, de éstas, tres sucedieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, el resto fue el resultado de conflictos entre particulares, por avasallamientos y explotación minera. Dos muertes, la de una niña de 6 años y una mujer adulta mayor, se produjeron en diversas circunstancias, pero en un ámbito de conflictividad, señala el informe.

Por otro lado, según el monitoreo en el mismo período de tiempo, la Defensoría del Pueblo reportó 592 conflictos sociales, de éstos 120 se debieron a demandas por servicios y obras públicas; 140 por temas laborales y salariales, 64 de gobernabilidad, 46 por temas de medioambiente y 35 por límites. Los de mayor intensidad están vinculados a la disputa por los ingresos generados por la extracción de minerales.

FALLECIDOS

Asimismo, se produjeron 35 casos de linchamientos en los que fallecieron 10 personas, identificados en una revisión a las publicaciones en medios de comunicación. Este problema se mantiene invariable desde hace años, producto de la ausencia de organismos de seguridad, el crecimiento de la delincuencia, la intolerancia, la desconfianza en el sistema judicial y otros que ha originado que vecinos y pobladores de comunidades tomen la justicia por mano propia. Solo unos pocos casos son investigados y procesados por la justicia ordinaria o indígena y la mayoría de ellos permanece en la impunidad, según se indica en el informe defensorial.

FFAA POLICÍA

Entre los fallecidos, se dieron otros siete casos, en los que estuvieron involucrados efectivos militares y policiales.

En agosto de este año se conoció de la violación y muerte de una estudiante premilitar por parte de sus instructores del Regimiento Ayacucho de Artillería acantonado en la población rural de Achacachi en La Paz.

Otras siete muertes se produjeron en celdas policiales o en situaciones en las que se vieron involucrados miembros de la Policía Boliviana. En Cochabamba, un policía disparó contra un hombre al que confundió con un ladrón, según argumentó; una mujer, un médico y un empresario fueron encontrados sin vida en celdas policiales. Los tres casos se registraron en La Paz. Un transportista murió también en una celda policial en el municipio de Porco en Potosí, la víctima había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad.

Finalmente, una mujer policía fue encontrada muerta con un disparo de arma de fuego. Se indicó que había discutido con su pareja, también miembro de la institución del orden.

De acuerdo al informe, se habrían producido un número mayor de muertes que involucran a policías y militares aunque estos corresponden a crímenes cometidos por miembros de las entidades en tanto individuos y no pueden incluirse en el ámbito de estas instituciones.

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