Vacaciones judiciales

José H. Gutiérrez Guerra

Dentro de la polémica temática sobre la justicia y su administración y ante la lacerante incapacidad y total falta de decisión política de abordar dicha temática de manera decidida, pronta y oportuna para eliminar de raíz los males endémicos de la misma, como ser la retardación de justicia y la corrupción, se ha venido intentando pseudo soluciones, “parches” y acciones parciales, supuestamente tendentes a mejorar la misma y su administración.

Con ese vano motivo, el Órgano Legislativo ha sancionado la última Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal. Seguramente para la promulgación de dicha ley de parte del Órgano Ejecutivo, los legisladores y ministros han tenido necesariamente asesoramientos de profesionales al respecto, y a pesar de no haber sido consensuada con la población y menos con los actores a los que va destinada dicha ley, como ser abogados, jueces, funcionarios judiciales y hasta litigantes, igualmente ha sido promulgada.

El hecho de no consultar a los destinatarios de la ley ha hecho que la misma tenga serias falencias, una de ellas, no menos grave que otras, es que dicha ley lamentablemente repone las vacaciones anuales individuales de todo el personal del Órgano Judicial, objeto y motivo del presente artículo.

Resulta que, increíble y paradójicamente dicha ley que tendría como objetivo el descongestionamiento y la efectivización del sistema procesal penal, más bien se constituye en el instrumento idóneo para congestionar y entrabar aún más el ya parsimonioso sistema procesal penal; dicho en otras palabras, se pretende apagar un incendio con gasolina.

A fines de demostrar objetivamente semejante temeraria aseveración recurro al ejemplo, citando nuestra realidad práctica: en el Tribunal Departamental de La Paz ciudad capital, y hablando sólo de los 14 juzgados de Instrucción en lo Penal Cautelar que están establecidos, sin contar con los nueve provisionales creados sólo para los efectos de la citada ley, los mismos están compuestos oficialmente por el Juez, un Secretario, un Auxiliar y un Oficial de Diligencias.

Ahora bien, aplicando simple aritmética tenemos que hay 14 jueces, 14 secretarios, 14 auxiliares y 14 oficiales de diligencias, y siendo la vacación anual de 25 días calendario para cada uno de ellos y teniendo en cuenta que el año sólo tiene 12 meses, tenemos que esos 56 funcionarios en el año 2015 deberán tener su vacación anual individual.

En ese escenario, obligatoriamente deben ingresar simultáneamente en vacación anual individual de casi un mes 4.6 funcionarios judiciales cada mes o nueve cada dos meses bajo un régimen de suplencias, aunque, ante las ya recargadas labores judiciales de cada juzgado, el aumentar al personal la delicada labor de otro funcionario de otro juzgado que goza de vacaciones, significa en definitiva congestionar y entrabar las labores judiciales, máxime teniendo en cuenta que ni siquiera abastece el actual personal. Entonces mal se puede atender labores de otros juzgados, eso sin tomar en cuenta los permisos o suspensiones de los funcionarios, las consabidas acefalías en los diferentes juzgados o la injustificada tardanza en designación de suplencias.

De modo que de manera permanente y continua estarán seriamente perjudicados ocho juzgados, es decir más de la mitad de los regulares, cuatro con un funcionario menos y otros cuatro con funcionarios en suplencia, recargando aún más sus ya recargadas labores.

En otras materias: civil, familiar, laboral, etc., con igual número de funcionarios de planta, la situación lógicamente que empeora proporcionalmente.

En anteriores experiencias, nefastas por supuesto, se ha probado y demostrado que la vacación anual individual del personal del ahora Órgano Judicial ha provocado severos congestionamientos procesales y entrabado la labor judicial. Por eso precisamente se ha desechado esa modalidad, volviendo al sistema de vacación colectiva, que de ninguna manera significa retardación de justicia, porque se quedan juzgados de turno en materia penal.

A estas alturas de mi vida profesional, ya estoy llegando a pensar que hay una dolosa intencionalidad de querer hacer mal las cosas a propósito, pues no otra cosa significa que los propios legisladores y sus asesores, supuestamente bien intencionados, pero sin el más mínimo conocimiento de la realidad y/o experiencia forense, no hayan asimilado las anteriores experiencias al respecto y menos se hayan puesto a realizar simples operaciones aritméticas o por último visitar los juzgados, aunque sea de pasada, tanto para conocer y siquiera saber dónde están, como para constatar las recargadas labores de los funcionarios y darse cuenta que basta que falle un funcionario para congestionar todo un juzgado, y en suplencia no es racional aumentarles más trabajo que sabemos no lo podrán realizar, no porque no quieran, sino por manifiesta imposibilidad humana y material. De todos modos, será el tiempo el que determine si la medida ha sido positiva o negativa.

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