[Hernán Zeballos]

Otros absurdos


 

Lo último, octubre 21, la Contraloría General del Estado resolvió llevar ante la justicia a los representantes del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), Martín Rovira, Francisco Sanis y otros, luego de la aparición de un contradocumento que revela que las constructoras conformaron una organización ficticia para engañar al Estado y provocaron un daño económico de 23,2 millones de bolivianos.

Se anunció que se pedirá la extradición de los socios del consorcio eléctrico Misicuni. O sea que esperaron que se fueran; después de algo más de seis meses de inactividad en el proyecto, recién la CGR ha determinado que hubo incumplimiento de contratos.

El anuncio se realizó en la presentación pública del informe sobre el contrato para la construcción de la represa de Misicuni. Lo llamativo es que nada se dice de las autoridades que pasaron por la empresa Misicuni. Nada se dice de los técnicos que calificaron la propuesta y que al parecer ni revisaron la documentación. Nada se dice de la Supervisión, que es la responsable absoluta. ¿Y el Gobernador qué dice?, porque además ha dado una gran cantidad de dinero de los cochabambinos. Parece que no hay Gobernador, ni gerente general del Proyecto. Todo un verdadero absurdo.

El problema de los chutos persiste. Hasta fines de octubre del presente año, se incautó unos 370 vehículos, una cantidad insignificante, frente a unos 40.000 vehículos indocumentados que circulan por todo el país. En este mismo mes, pasadas las elecciones, las noticias señalan que estarían pensando otorgar una nueva “amnistía”, esto es, legalizarlos sin ninguna sanción. De esta manera se vulnera todo el esquema de control de aduanas. Un absurdo más.

La edición del día 22 de octubre de EL DIARIO nos informa que el juicio contra las magistradas del Tribunal Constitucional, acusadas por el delito de incumplimiento de deberes al paralizar la Ley del Notariado, fue suspendido hasta el 4 de noviembre. La oficina de Naciones Unidas en Bolivia ha observado que no corresponde ni la sanción ni es competencia del Senado el fiscalizar a otro poder del Estado. El sentido común parecería indicarnos que la función del Tribunal Constitucional es ese, el observar proyectos de leyes que no se adecuan a nuestro ordenamiento institucional. Claramente el juicio es un absurdo.

La minería es una actividad que ha caracterizado la historia económica del país, desde los inicios de la colonia. Es clásica y famosa la historia de Potosí, surgida en torno a la minería del Cerro Rico, que hizo a esta ciudad mucho más importante en su época de auge, que varias capitales europeas. Con toda esa tradición el país debería saber manejar esta actividad con gran pericia técnica y gerencial. Pero los hechos de los últimos 50 años demuestran que no es así.

Un experto en la materia, el Ing. Jorge Espinoza Morales, en una revisión que realiza (EL DIARIO, octubre 23), nos cuenta una historia verdaderamente trágica y con riesgos para el futuro económico del país. Un resumen nos muestra el siguiente panorama. Huanuni, con planilla híper inflada que crece de 1.000 a 5.000 trabajadores, lo que determina costos crecientes, producción que decrece, frente a la caída de los precios determina pérdidas cuantiosas de esta operación. En el caso de Colquiri, en operación desde junio de 2012, igualmente se infla su planilla de 500 a 1.200 trabajadores; gracias a los precios todavía altos del estaño y el zinc, hacen que todavía tenga utilizadas aceptables. Le siguen los problemas de la fundición de estaño de Vinto, la fundición de plomo-plata de Karachipampa, la fundición de Bismuto de Telamayu, el proyecto de Litio y potasio en el Salar de Uyuni, lejos de alcanzar sus metas, pese a varios millones de dólares ya invertidos. El cobre catódico de Corocoro y, lo peor, el caso súper conocido del aprovechamiento del hierro del Mutún.

Todos ellos grandes absurdos, en un país de larga tradición minera.

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