[Alberto Zuazo]

Punto aparte

Amnistía política para la pacificación


 

El presidente Evo Morales aseguró (¿o prometió?) que “se acabaron (los) tiempos de confrontación, son tiempos de conciliación para el bien de nuestra querida Bolivia; de eso estoy convencido”. Esta fue la parte medular del discurso que pronunció en la sesión de honor que realizó la Asamblea Legislativa, en la ciudad de Sucre, en homenaje al 189 aniversario de la independencia de la República, el miércoles 6.

En otra de sus expresiones, igualmente significativas, en el orden político, expresó que “mi gran deseo es que las elecciones nacionales sean una fiesta democrática, no una confrontación, ni acusaciones”. Añadió que respetará al ganador de los próximos comicios, previstos para el 12 de octubre de este año.

Estas posiciones que asumió el mandatario tienen que ser reconocidas como plausibles, si acaso son sinceras y tienen la predisposición de actuar él y su gobierno en consonancia. Pues, se identifican plenamente con la democracia. A la vez, permitirían que se ponga punto final a la polarización en la que viven actualmente los bolivianos.

Sin embargo, para situar cada hecho en el lugar histórico que le corresponde, Morales debe reconocer que la confrontación política y social emergió de su gobierno, a partir del virulento discurso que pronunció al asumir el ejercicio del poder.

Las agresiones oficialistas no se dejaron esperar mucho. Contra todo lo que podía esperarse, han sido, además, múltiples y constantes, incluyendo muertos, como el del ingeniero Bakovic. Por tanto, En vez de hablarse de acabar con la confrontación, lo correcto es decir que el gobierno está dispuesto a la conciliación y, por este conducto, garantizar la pacificación total entre los bolivianos.

Si hubo honestidad en las palabras del presidente Morales, en su discurso de Sucre, el primer paso debe darlo él. Disponer, de inmediato, la amnistía general, de modo que las elecciones de octubre tengan ciertamente el carácter de una “fiesta democrática”, como dijo ser su deseo.

La amnistía tiene que traducirse en la libertad de los presos políticos (más de cuatro años sin juicios, lo que equivale a tenerlos en un campo de concentración); el retorno de los exiliados y la suspensión de los juicios políticos a personalidades políticas, cívicas y empresariales, así como a EL DIARIO, Página Siete y a la Agencia de Noticias Fides.

Es ineludible la amnistía, sólo así habrá condiciones para que se depongan las animadversiones y se alcance la conciliación nacional que ha propugnado Morales en su alocución del día de la patria.

Sin el ánimo de obstruir, mucho menos de frustrar la perspectiva de pacificar al país, resulta también imprescindible señalar que Morales incurrió en algunos excesos en su discurso-mensaje de Sucre, que se contraponen a los “tiempos de conciliación” que planteó.

Si aboga por la deposición de posturas de tal índole, no puede incurrir en exclusiones, como aquello de decir que “sólo los antiimperialistas, anticapitalistas y antineoliberales tienen derecho a festejar el aniversario de la independencia del país”.

De esta forma, persiste en su afán de establecer distancias entre unos y otros. Peor, cuando se trata de la celebración de la fiesta patria. Nadie pone en cuestión que tenga personalmente él o su gobierno esas posiciones extremistas, es su derecho democrático. Pero, tampoco está habilitado, personalmente ni como jefe del gobierno nacional, a excluir a los demás del derecho legítimo que tienen de conmemorar la declaratoria de la independencia nacional.

Además, ya que llegó a esos extremos, los otros están en condiciones de anotar que él no puso un solo ladrillo para construir Bolivia, hasta el día que fue elegido para asumir el poder. De adulto ha sido músico de una banda popular y cultivador de coca, condición con la que accedió a ser el máximo dirigente de los cocaleros del Chapare, a pesar de que su producción es ilícita, según la Ley 1008.

La alocución de una hora y más, para lo que se obligó a que se efectúen cadenas nacionales de radio y TV, bajo la amenaza de sanciones, no fue precisamente un mensaje formal, como el que los presidentes deben dar al país el 6 de agosto, para dar cuenta de su gestión administrativa del año precedente.

Es casi unánime la coincidencia pública de que ha sido un discurso electoralista, dado que desde el poder es candidato a una re-reelección, no permitida por la Constitución. Se habilitó en tal condición sobre la base de un dictamen parcializado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TSP).

El TSP es producto de una forzada elección ciudadana, dispuesto por el gobierno, para constituir supuestamente un idóneo órgano judicial. No fue así, pero el TSP resultó ser la excepción, está dando indicaciones de que no es totalmente subordinado a la voluntad, como era su propósito, ya que los postulantes a la consulta fueron elegidos por la Cámara de Diputados, dominada por el MAS.

Como aquello no es tolerable para el ejercicio de “todo el poder”, el círculo “duro” del gobierno optó por recomponer o disgregar al TSP.

Instruyó a la mayoría del MAS, en la Cámara de Diputados, someter a juicio de responsabilidades a tres de sus miembros (dos magistradas y otro que se restablece de una intervención quirúrgica), en la instancia senatorial. Adicionalmente, el presidente del TSP declaró que se dio un “golpe a la justicia”. El vicepresidente y presidente del Legislativo, Álvaro García Linera, de su parte, anticipó la condena severa que deben recibir, incurriendo en flagrante abuso de poder y en prevaricato.

Sea la suerte que corra el nuevo TSP, se abren dos posibilidades. La elección de octubre puede ser la última, o bien el TSP, totalmente subordinado, tendrá que abrir el cauce para una reforma constitucional, de manera que Morales permanezca en el gobierno indefinidamente. Sus inspiradores políticos hacen lo mismo en Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua.

No hay precipitación, menos irregularidad, en llegar a las anteriores conclusiones. Hasta el hastío, el propio discurso de Morales y la desmesurada publicidad oficial, a costo del Estado, refieren lo que se tiene ya previsto realizar hasta el 2025.

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