[Remy Solares]

La justicia en Bolivia


Desde la época republicana la justicia boliviana se ha caracterizado por ser desvirtuada, corrupta, parcializada y estar ligada a intereses económicos y políticos. Nunca fue independiente, estuvo siempre sujeta al juego de intereses personales y coyunturales, de toda índole.

Hoy está igual que antes y totalmente politizada. Muchos de quienes ofician de jueces, fiscales o magistrados no tienen pudor, ni ética ni moral Parecería que no han entendido que los conocimientos esenciales y generales de la ciencia jurídica tienen la finalidad de que sea comprendida la relevancia del Derecho en la vida social, la esencia jurídica y los conceptos y términos técnicos que facilitan la comprensión de las diferentes áreas especializadas del Derecho.

Las actuales autoridades judiciales en Bolivia ponen en duda el criterio básico que se debe tener sobre las concepciones ideológicas y políticas que existen, que refleje por lo menos el contenido y finalidad del Derecho como conjunto de normas, preceptos jurídicos que tienen por objeto regular la conducta de los hombres en la sociedad, cuyo fin axiológico es buscar prontamente la justicia,

No es posible que muchos de quienes ofician de juristas no analicen y cuestionen la realidad social, ni den soluciones alternativas en cada momento histórico. Parecería que estaríamos en los albores de la humanidad, cuando reinaban la guerra y la violencia y regia la ley del más fuerte, o prevalecían las revelaciones de brujos. Entonces la venganza era una forma primitiva de regulación. Es decir que el castigo al individuo o su familia originaba el sistema de la venganza, ocasionando una reacción de similar violencia. La venganza no tenía límites y se instituyó la ley del Talión: “ojo por ojo, diente por diente”, para llegar a una especie de equivalencia.

Comparativamente, es evidente de otra manera que la justicia boliviana fue desvirtuada por los gobiernos de turno que a su antojo, con autoritarismo, no sólo modificaron y aprobaron leyes, sino que también violentaron los principios generales del Derecho, como son el principio de la legalidad, el principio de igualdad, el principio de ampliar lo favorable, restringir lo odioso y los principios de preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, y también fines como bien común, orden, paz social y seguridad jurídica. El Órgano Judicial nunca debía ser instrumento político ni represor de Gobierno.

Posiblemente con la elección de autoridades judiciales se pretendía encauzar la justicia en Bolivia, logrando que las autoridades judiciales cumplieran funciones correctamente. Pero fue un error tremendo, ya que quienes oficiaron de candidatos a autoridades del Órgano Judicial tenían respaldo político partidario y muchos no contaban con los méritos ni mínima honestidad, capacidad e idoneidad dentro de la carrera de Derecho. Lamentablemente se profundizaron las influencias y el manoseo, y hoy las autoridades judiciales prevalidas de haber sido elegidas por el pueblo desvirtúan todo, al calor de sus apetitos personales, desconociendo valores, principios y cometiendo cotidianamente delitos de extorsión, chantaje y sentencias judiciales según su parecer individual interesado, direccionado, eludiendo disposiciones legales y cometiendo prevaricato.

Nunca la justicia boliviana fue tan carente de valores y aptitudes para ejercitar válidamente sus responsabilidades. Se ha profundizado la retardación de procesos judiciales, que duran años y años, con graves perjuicios morales, económicos y materiales para familias y personas, por prevalecer intereses subalternos. Existe también marcado temor por amenazas e instrucciones de círculos de poder político, en cuanto a iniciar juicios a algunos funcionarios, hoy llamados servidores públicos, que cometen delitos con recursos del Estado.

Ojalá se encuentre un camino o una medida para que jueces, fiscales y magistrados puedan ser removidos o se les revoque el mandato que el pueblo les confió, por no haber cumplido ni estar cumpliendo con el mismo, ni aunque se detenga o restrinja los intereses individuales frente a los de la sociedad, con sujeción de todos a los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional, como ampliación del Estado de Derecho.

Existe un total quebranto moral en el Órgano Judicial de Bolivia.

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Reinició sus ediciones el primero de septiembre de 1971.

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