ECONOMÍA    

Incendio en Chiquitania

Gobierno minimiza afectación de cultivos y ratifica asentamientos



El incendio en la Chiquitania afectó solo 300 hectáreas de cultivo de maíz, yuca, sésamo y frejol, dijo el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz, y aseguró que fue mínima debido a que en invierno la siembra disminuye.

La autoridad informó que el Gobierno trabaja en solucionar las afectaciones ocasionadas por el incendio presentado en la zona de la Chiquitania, que hasta el momento el afectó 300 hectáreas de cultivo y la sequía 1.007 hectáreas.

ASENTAMIENTOS

A pesar de las graves consecuencias ambientales en la Chiquitania, tras los incendios que devoraron un millón de hectáreas de bosque y pastizales por las quemas y desmontes, el Ministro de Desarrollo Rural ratificó la política de asentamientos de interculturales, según ANF.

Cocarico justificó los desmontes en esas zonas ya que, dijo, que si no hubiera esa práctica el país podría quedarse sin alimentos en el futuro.

“Tiene que seguir habiendo asentamientos, de lo contrario no vamos a tener alimentos en el futuro”, dijo.

DECRETO DE BANZER

Entretanto, el Gobierno a través del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras responsabilizó de las quemas y desmontes en la Chiquitania a un decreto que data de 2001 de la administración del extinto Hugo Banzer Suárez.

Cocarico indicó que el Decreto 26075 del 16 de febrero de 2001 firmado por Hugo Banzer Suárez en su artículo 5, expresa que en el departamento de Santa Cruz, se permite el desmonte en tierras privadas, sujeto a Plan de Ordenamiento Predial por parte de la Superintendencia Agraria.

Mientras que el Decreto Supremo 3973 del mes de julio de este año, define la modificación del D.S. 26075, estableciendo que en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

César Cocarico aclaró que el reciente Decreto Supremo, solamente adiciona al departamento del Beni, como territorio en el que se autorizan desmontes por solicitudes de empresarios privados y organizaciones de productores para que se pueda ampliar la posibilidad de realizar desmontes para poder incentivar la producción agropecuaria.

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