Respecto al juicio de responsabilidades

Víctimas de octubre denuncian presunto fraude para favorecer a Sánchez de Lozada

“Octubre negro” de 2003 cobró la vida de varias personas en El Alto y otras regiones del país.

• Notificación en Estados Unidos amenaza con extinguir el juicio de responsabilidades.

A casi cinco años de las luctuosas jornadas de octubre de 2003, familiares de las víctimas, a través de su abogado, Rogelio Mayta, denunciaron ayer, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, favorece al ex presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada y a dos ex ministros, al disponer que la notificación de la acusación se haga en Estados Unidos, con el grave riesgo de la extinción del proceso.

Razón por la que las víctimas de la masacre de 2003, que son parte del Comité Impulsor del juicio de responsabilidades, se declararon en emergencia y vigilia sobre la reunión de la Sala Plena de la Corte Suprema que debe analizar hoy, el pedido de que la notificación se haga en Bolivia a los tres imputados, mediante sus abogados de oficio.

Rememoró el entrevistado, que el ex presidente Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada, y sus ministros José Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Joaquín Berindoague y otros, están imputados por la comisión de los delitos de genocidio, lesiones graves y otros causados en la dura represión que cobró la vida de 65 personas y más de 400 heridos en octubre del 2003.

La autoridad explicó que la determinación del presidente de la Corte Suprema no corresponde porque Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague fueron declarados rebeldes y cada uno tiene en el país defensor de oficio.

En ese contexto, la notificación debe realizarse a los tres imputados a través de sus defensores de oficio en Bolivia; Elizabeth Margarita Vargas Castellano, Nelson Quinteros Salamanca y Freddy Eusebio Méndez Medrano, dijo Mayta.

“La notificación en Estados Unidos amenaza con extinguir el juicio de responsabilidades”, aseveró el abogado, al justificar que se desconoce el paradero de los imputados porque gozan de una protección del gobierno de Estados Unidos y por ello es imposible notificarlos personalmente a estas personas.

Además –sostuvo- que la Policía Internacional (Interpol) desde hace más de un año que no puede aprehenderlos a los imputados y cumplir con el mandamiento emitido.

Reveló que existe la amarga experiencia de llevar adelante este juicio por más de cinco años, que desde el análisis jurídico es imposible que Sánchez de Lozada sea notificado en Estados Unidos.

Asimismo, advirtió que “si dejan pasar más tiempo, los imputados en el país que no rehúsan a la justicia boliviana pueden pedir la extinción de la acción penal o duración máxima del proceso, entre ellas: los ex ministros de Sánchez de Lozada: Yerko Kukoc, Adalberto Kuajara, Mirtha Quevedo, Guido Añez, Javier Torrez Goitia, Hugo Carvajal, Erick Reyes Villa, Dante Pino y Jorge Torrez.