Cálculos distorsionados

Rápidamente disminuye la popularidad del Primer Mandatario y no es por culpa de los opositores, sino por los errores y las actitudes precipitadas de miembros de la administración gubernamental, lo que puede ser comprobado por sus cambios de opinión en torno a diversos conflictos. Por ejemplo el Gobierno desaprueba algo que considera ilegal o no es beneficioso para el país, pero pasadas algunas horas o días cambia de posición y acepta lo que antes rechazaba. Esta forma de actuar desorienta a la población y resta credibilidad a todo lo que hace el Poder Ejecutivo, por falta de consenso en su interior. No muestran coherencia ni uniformidad los miembros del equipo ministerial, lo que hace que el Jefe de Estado formule declaraciones que no serán desmentidas, pero en la práctica hará lo contrario.

Un hecho que llama la atención es la forma de calcular el Indice de Precios al Consumidor por parte del Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo con una “fórmula” propuesta por los niveles superiores del Ejecutivo. Las cifras que proporciona el INE desorientan a la ciudadanía, al asegurar que la inflación acumulada de enero a abril del presente año es de 5.52 por ciento y que el de abril corresponde a 0.74 por ciento, porcentajes que son cuestionados por los entendidos en economía. Esos índices no reflejan la realidad del IPC, porque está en función del alza de los precios de los diferentes artículos de consumo y los servicios públicos. Parece que no se quiere alarmar a la población, pero la verdad es que los precios de artículos de primera necesidad se elevan, como de la harina, arroz y fideos, aceite, pero las autoridades ignoran esos incrementos, sin considerar que los precios fijados por el Ejecutivo sólo rigen para los productos a granel y no así para los envasados.

Los encargados de analizar la inflación en Bolivia al parecer no toman en cuenta los factores reales que inciden en este fenómeno, y en su lugar, por encargo de sus superiores, utilizan otros parámetros que no se ajustan a los hechos. El nuevo sistema utilizado toma en cuenta a todas las ciudades capitales del país, incluido El Alto. Esta forma de calcular la inflación acumulada fue calificada por ejecutivos de la Confederación Nacional de Empresarios Privados de Bolivia como una forma de falsear y maquillar el Indice de Precios al Consumidor, la inflación y los datos económicos. Esta observación se basa en que para el Ejecutivo la inflación acumulada está en descenso, pero los precios de los alimentos están de subida, lo que es una contradicción que tiene que ser esclarecida, para no seguir engañando a la población, que es la más perjudicada con el alza del costo de la vida.

El Ejecutivo está recurriendo a cálculos distorsionados respecto a la inflación y al Indice de Precios al Consumidor, lo que creará falsas expectativas, porque la realidad es que todo es más caro y el valor adquisitivo de los salarios baja. Indiscutiblemente llegará el día en que la situación se tornará inaguantable y las autoridades tendrán que revelar la verdadera situación, pero será tarde y las más perjudicadas serán aquellas familias cuyos ingresos no alcanzan para que atiendan sus necesidades. Por esto el Ejecutivo debe obrar de cara al pueblo y con una posición transparente, más aún cuando se trata de temas tan delicados como el económico.

Es innegable que el país está en camino a un mayor incremento de los precios de los productos de la canasta familiar y como consecuencia a una mayor inflación económica que la registrada el pasado mes de abril, que según el Gobierno ni siquiera llegó al 1 por ciento, pero puede dispararse y llegar a cifras elevadas. Un ejemplo del incremento del costo de la vida es el aumento del precio del pan de batalla, que está en el orden del 50 por ciento, tomando únicamente el factor peso. Es llamativo que las autoridades no consideren estos parámetros y otros que registran productos como el arroz y el aceite comestible que están más caros. Lo cierto es que en Bolivia “no hay peor ciego que el que no quiere ver” y eso está dirigido a las autoridades de la administración gubernamental, que no quieren reconocer que la inflación sigue en ascenso.