Sin aparente solución por negativa de partes

Guerra por el aceite enfrenta a Gobierno y agroindustriales

• La venta a granel genera expectativa entre la población sobre la calidad del producto

EL GOBIERNO EMPIEZA A VENDER SU PROPIO ACEITE PARA NO PERDER LA ‘GUERRA’. (FOTO EL DIARIO)

La postura rígida del Gobierno que reiteró que a pesar de todo, los agroindustriales no podrán exportar el producto y la posición de este sector que pide a la Prefectura cruceña una Secretaria para la Exportación, además de las movilizaciones de los transportistas internacionales es el escenario de enfrentamiento por el aceite, no encuentra solución aparente y ambos bandos buscan ganar la confianza de la población.

Y, el problema no es el desabastecimiento del producto, sino el elevado precio del mismo en el mercado interno, costo que una vez más, el sector agroindustrial, afirma que no podrá disminuir por el incremento en el precio de los insumos y de la materia prima.

Según el analista, Jorge Lazarte, la medida lanzada por el Gobierno con el Decreto Supremo 29.840 que prohibe exportar aceite, no es la más adecuada porque atenta contra el sector productivo además “que el problema no es por la escasez en el mercado interno sino por los precios altos”.

Pérdida para el Estado

Según el representante de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), Reynaldo Díaz, las determinaciones asumidas por el Gobierno provocan que el mismo Estado pierda 200 millones de dólares por las exportaciones de aceite.

“Este monto tiene un efecto multiplicador en toda la cadena productiva con alrededor de 800 millones de dólares de aporte económico del Producto Interno Bruto”, afirmó.

De la misma manera, Bolivia como país enfrenta otro tipo de riesgos como es la pérdida de confianza como mercado seguro de parte de los otros mercados de la región donde está involucrado directamente todo el sector agroindustrial del oriente.

“El incumplimiento de contratos es una violación a la Ley. Las empresas que compran nuestros productos no pueden estar sujetas a este tipo de informalidades”, afirmó.

Asimismo, la pérdida de 300 mil empleos directos e indirectos es otra de las consecuencias graves de la emisión de esta norma.

En ese contexto, el sector agroproductor, afirma que las consecuencias de este Decreto prohibitorio del Gobierno son de carácter retroactivo además de la generación de un clima de inestabilidad.

En ese factor se toma en cuenta lo mencionado anteriormente con el perjuicio por los contratos de exportación incumplidos con otros países, lo que va a contribuir también a generar un clima de inestabilidad que podría hacer que la próxima campaña de cultivo se reduzca drásticamente el cultivo de la soya.

“Los productores no van a renunciar al derecho fundamental del trabajo, nosotros pedimos que se vea la posibilidad en un futuro muy próximo de poder obtener políticas de incentivo a la producción y a las exportaciones y que fundamentalmente podamos cumplir nuestros compromisos comerciales que ya se tienen con otros países y que han sido seriamente dañados”, agregó.

Transporte Pesado

En tanto en Santa Cruz y Cochabamba, según anuncio de las cámaras de transporte pesado de esos departamentos, se produjo la toma de los recintos aduaneros en protesta por el Decreto que prohibe la exportación de aceite. Medida que es de pleno respaldo de los agroindustriales del oriente del país.

“Damos nuestro pleno apoyo y nos solidarizamos con el transporte que es seriamente afectado”, afirmó el representante de Anapo y recalcó que se comprometió la unidad de todos los sectores productivos del oriente.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Enrique Martínez, afirmó que la entidad desconoce cualquier medida de presión en contra de las normas gubernamentales ya que no participaron del encuentro que se llevó a cabo e la ciudad de Santa Cruz.

En ese contexto, informó que los representantes de la entidad se reunirán el viernes en un congreso de emergencia para tomar una postura conjunta como sector, pero adelantó que el transporte pesado también está a favor de la derogatoria del Decreto 20.840.

Como respuesta, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, afirmó que el Gobierno no permitirá la toma de puntos aduaneros ni el bloqueo en los sectores fronterizos. En caso de que se presente cualquier problema de este tipo, acudirán a las Fuerzas Armadas y la Policía para el libre tránsito de movilidades en las fronteras.