Defensor acepta críticas y llama otra vez al diálogo

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, aceptó ayer las críticas en su contra por la falta de presencia de esa institución en los actos violentos del pasado 28 de febrero en el Congreso Nacional, aunque, aseguró que la Defensoría no puede tomar parte por ningún partido político y más bien convocó a los sectores en pugna a no desahuciar el diálogo.

“Yo no estaba en Bolivia, pero asumo la responsabilidad porque es una labor institucional. Tienen todo el derecho de expresarse y criticarme. El Congreso es una instancia política, pero lo asumo con respeto, lo que no significa que esté de acuerdo”, señaló.

Albarracín aseveró que es la ciudadanía quien tiene que juzgar tales actitudes, aunque aclaró que aún existen cosas más importantes que deben ser resueltas, como los problemas sociales y políticos en el país.

“Lo que está viviendo el país es la falta de (buen) comportamiento de la clase política. El oficialismo está con los movimientos sociales y la oposición con los comités cívicos, y en estas circunstancias no pueden pedir que el Defensor tome partido por alguna política”, declaró el Defensor del Pueblo, quien en varias ocasiones tuvo que salir al frente a pedir paz y unidad entre los bolivianos.

Asimismo, Albarracín explicó que lo que quiere la sociedad boliviana hoy en día es estabilidad de precios y que el poder adquisitivo de los salarios no se reduzca, además, de que los políticos actúen con un mínimo de “altura política”, sin manipulación y sin insultos.

La noche del miércoles, la Cámara de Senadores del Congreso aprobó una resolución camaral, donde además de rechazar las leyes (para dos referéndumes y una norma interpretativa) aprobadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) la noche del 28 de febrero, se criticó la actitud del Defensor del Pueblo, “quien habiendo sido informado de los acontecimientos del 28 febrero, no asumió medidas destinadas a precautelar los derechos humanos de las personas”, dice el tercer punto de esa resolución.

“Puedo salir en defensa de la gran mayoría de los bolivianos, porque los grupos enfrentados no son ni el 10 por ciento de la población. Seguiré exhortando al diálogo”, puntualizó.

La autoridad acotó que todas las autoridades gubernamentales, como los representantes cívicos están obligados a dialogar, porque ostentan un cargo público. Me preocupa –dijo- que cada uno esté en una especie de carrera, donde ninguno va a ganar. “Es erróneo decir que todo el país los va a apoyar, a unos y otros. Mucha gente se deprime viendo los noticieros”, apuntó.

Albarracín detalló que constantemente recibe pedidos de la ciudadanía para que el Defensor del Pueblo haga gestiones de unidad, aclaró que se avanzó en las gestiones de pacificación.

“No desahuciemos el diálogo. Incluso los referéndumes planificados pueden perfeccionarse con el consenso. Qué mejor que ambos procesos se acojan a la institucionalidad política”, añadió.