Linchamientos y justicia comunitaria
No faltan quienes consideran que el nuevo Código de Procedimiento Penal se caracteriza por ser en exceso permisivo con los delincuentes, pero en realidad el problema es una mala aplicación de lo establecido, por ejemplo de las medidas sustitutivas, de parte de jueces y fiscales. A ello se suma que los malhechores, una vez sindicados por los fiscales, tardan más en entrar a la jurisdicción penal que en salir en libertad, y tal es una denuncia constante de los organismos policiales. No hace falta decir más para concluir en la deficiencia de la justicia, además que la corrupción no está ausente de buena parte de su aparato.
Lo anterior trata de explicar que frente a ese cuadro, los linchamientos están cobrando carta de ciudadanía en el país, pues, la ley del “linch” -de triste recuerdo en otras épocas y en otras latitudes- parece haber revivido entre nosotros, más propiamente en las zonas suburbanas y poblados rurales. Los linchamientos contra presuntos delincuentes alcanzan al presente alrededor de 50 casos, repartidos entre muertes consumadas y frustradas, con la siniestra agravante de salvajes torturas, como en el reciente asesinato de tres efectivos policiales en circunstancias aún no aclaradas, pero que igual que en el resto de hechos similares es poco probable que se llegue a conclusiones terminantes.
El fenómeno de los linchamientos para unos no es otra cosa que una mala interpretación de lo que es la justicia comunitaria, porque alegan que esta justicia respeta la vida. Sin embargo, como consecuencia de una errada comprensión, son frecuentes las amenazas de ejercer justicia comunitaria contra quienes de algún modo contradicen con hechos o con palabras a ciertos grupos y, asimismo, quienes proceden por dicha vía de hecho la reivindican precisamente como “justicia comunitaria”.
Ahora bien, si es cierto que la justicia que nos ocupa se basa en los usos y costumbres, quiere decir que el linchamiento se ha convertido en una costumbre y así lo demuestra su crecido número. Esto se hace oportuno para recordar que hay buenas y malas costumbres y la comentada no puede ser peor desde los puntos de vista moral, social y jurídico. El linchamiento, como toda la gama de delitos, que no se justifica en ninguna circunstancia, goza de impunidad como ya hemos manifestado, sin que uno solo de tales casos hubiera sido sancionado por los tribunales, que es, sensiblemente, otra muestra de la ineficacia de los mismos. Entonces, debemos convenir que, por pasiva, la justicia comunitaria y sus excesos están reconocidos y aceptados. Situación que, en buen romance, “es otro mentís” al pretendido Estado de Derecho en el que supuestamente convivimos.
