Jefa del MNR pide a Sánchez de Lozada retornar a Bolivia

• Ex ministra Mirtha Quevedo aclaró que un círculo cercano al ex presidente tomaba decisiones.

(ABI).- La jefa del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y ex ministra, Mirtha Quevedo, dijo ayer que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín deben hacerse presentes en Bolivia para defenderse del juicio por genocidio.

“Sería importante que puedan estar acá (Bolivia) Sánchez de Lozada y sus ministros, que puedan decir muchos de los hechos sucedidos en octubre de 2003”, afirmó la jefa del MNR a un medio televisivo.

Confesó que si bien ha sido parte del gabinete, aclaró que muchas de las acciones de esas jornadas violentas que acabaron con 67 vidas, no las conocían los ministros.

“Se tomaban decisiones que muchos (ministros) no conocíamos, había decisiones que se tomaban dentro de un espacio”, afirmó.

Dijo que corresponde ya en el marco legal es que se presente la acusación por genocidio si es que la Fiscalía cree que hizo una investigación exhaustiva y ya tiene todos los elementos como para poder proceder con la acusación y esto sea presentado a la Corte Suprema.

“Esto debe ser esclarecido en su totalidad, no solamente por las personas que murieron, sino porque se trata de un hecho que en democracia no debió darse, hay que saber ¿qué sucedió? y ¿por qué se dieron esos excesos?, y tener las cosas claras”, afirmó.

DEMANDAN SU EXPULSIóN

Trabajadores, activistas defensores de los derechos humanos, familiares de los muertos y lisiados de la masacre de octubre abarrotaron ayer las calles de sede de gobierno y demandaron en las puertas de la Embajada de Estados Unidos la expulsión de ese país de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La marcha se inició a la altura de la Cervecería Boliviana Nacional y contó con la participación de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las centrales obreras de El Alto y Oruro, junto a miembros del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades.

La marcha también demandó de la Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia la celeridad del proceso contra el ex presidente y sus ministros de Estado por la masacre que costó la vida a 67 personas y dejó más de 400 heridos.

El 20 de septiembre de 2003, fuerzas militares ingresaron a las localidades de Sorata y Warisata con el argumento de liberar a turistas retenidos en esa región.

El contingente estuvo encabezado por el ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y a consecuencia de la dura represión seis personas resultaron muertas, entre ellas la niña Marlene Rojas, de sólo ocho años de edad, y un conscripto que, según versiones aún no confirmadas, se negó a disparar en contra de los comunarios.

La movilización popular rápidamente se extendió a El Alto y La Paz, y luego a otras ciudades del interior del país.

La posición era clara: no a la venta de gas a Estados Unidos por un puerto chileno y la demanda de su industrialización en territorio boliviano, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Entre ese 20 de septiembre y el 17 de octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada renunció a la Primera Magistratura del país, 67 personas fueron muertas y más de 400 resultaron heridas, según organismos defensores de los derechos humanos.