Lo que no debemos callar

Conceptos democráticos

Santiago Berríos Caballero

Sobre la base de la experiencia hay conceptos importantes, e incluso fundamentales. Esos conceptos elaborados con seriedad científica, probidad intelectual, de manera consciente y reflexiva, denotan que es muy difícil determinar su verdadero carácter y contenido jurídico. Esto es lo que sucede con la actual democracia; para muchos, mejor no intentarlo.

En nuestras clases de derecho constitucional y reflexiones sobre sistemas jurídicos, tratamos el concepto de democracia social. Algunas de aquellas reflexiones surgieron del diálogo con alumnos acuciosos. No se trataba de nociones sólo teóricas, de un simple acopio de datos tomados de libros, sino de resultados tomados de la observación directa, tanto la del profesor como la de los alumnos que, por lo demás, si bien no eran abogados, pero tenían y tienen ideas sobre temas políticos, porque algunos de ellos cuentan con cierta experiencia en la función pública.

No se expuso ni se examinó sólo las más diversas doctrinas o concepciones sobre la democracia, sino que se diferenció varias clases de ella, empezando por la democracia política, la democracia social, de fondo económico, la filosófica, la vital, la funcional, profesional, cristiana, etc. También se consideró conveniente diferenciar los elementos personales de los factores esenciales, sus destinatarios, sus beneficiarios, es decir, a los democráticos, y esto fue en parte como una piedra de toque, como un patrón para examinar las causas de las críticas y de una promiscuidad de ideas que, sinceramente, todos deploraban.

Las ideas de libertad, de vivir con fraternidad, igualdad, sin miedo, cristianamente, socialmente, son tónicos espirituales, y es por eso que en lo primero que se piensa es en defender a la democracia, ante cualquier decepción, ataque, fracaso o crisis. Esto no quiere decir que cantemos loas a la democracia, sino que consideramos importante decirnos “qué se debe hacer para que la democracia dé resultados”, porque hasta los demócratas más ardientes, cuando llegan al terreno de las realidades concretas, descubren que este sistema no ha dado ni da todos los buenos resultados que la teoría promete. Se tiene actitudes similares respecto a otros objetivos, como la paz, los empleos, la justicia, etc. También se da por sentado que estos objetivos presentan grandes ventajas y que son realizables.

La idea de libertad es inseparable de la noción de democracia, y en la democracia política es especialmente inseparable la libertad de palabra, que no es lo mismo que libertad de ideas, pues aunque éstas sean excelentes, pueden encontrar resistencia, precisamente en la proporción en que son veraces si contrarían a otras que se pretende que sean incuestionables.

La libertad de palabra concierne principalmente al derecho de reunión, si es oral, y al derecho de prensa si es escrita, pero no se concibe un debate si no es en pie de igualdad; la libertad es la misma y, por lo demás, existe un interés superior en determinar la verdad; este principio no admite excepciones, y menos aún cuando el orden público o el interés público lo justifica. El fundamento jurídico social es la defensa de la verdad, de suerte que lo objetivo está, en cierto modo, por sobre lo subjetivo, a menos que lo subjetivo se configure como DERECHO. En la democracia predomina lo objetivo, que concierne al DEMOS. Eso ha venido a crear una especie de primacía de la palabra de la autoridad, no tanto por ser autoridad, como por su relación con el interés general.

En los regímenes autoritarios o antidemocráticos, la palabra de la autoridad es la única que se hace pública cuando la autoridad así lo dispone. Se considera que es la palabra “rectora”. También en la democracia se suele emplear esta expresión, pero ello se debe más bien a una valoración obsecuente o jerárquica de quien ejerce la autoridad; en la democracia no hay palabras rectoras, como no sea por el valor exclusivamente referido a la autoridad personal; es decir, no pública, de quien la emite en el orden filosófico, científico, moral.

El funcionario de autoridad no debe imponer la publicación de sus opiniones si no tienen forma y sustancia de decisión; es decir, de un acto de la función. Ciertamente hay un interés general en que los ciudadanos o habitantes conozcan opiniones de quienes ejercen funciones públicas.

Cuando nos referimos a la conducta de la democracia y el modo de actuar de los gobernantes, partimos del concepto de que la democracia, considerada fórmula ideal de convivencia social, resulta falseada y desacreditada por la conducta de los gobernantes y funcionarios ineducados (no formados) para esa forma de Gobierno. Para ellos la democracia debe mirar primordialmente a los impulsos del “demos”, cualesquiera que sean (de ahí la propensión de caer en la demagogia, lo que es fácil cuando falta la educación republicana). Esos gobernantes ineptos fomentan la promiscuidad entre ellos y los gobernados, pero en provecho exclusivo y personal del ejercicio del cargo, del enriquecimiento en él, y en procura de la reelección.

En esa clase de gobernantes son frecuentes las desviaciones de “conducta” (que en sustancia debe entenderse como manera de “guiarse”). Como ellos no tienen una formación adecuada, estas desviaciones no sólo son de tendencia demagógica, sino que a veces hasta significan todo lo contrario de lo que la democracia postula, como es la propensión a honores que aparecen como supervivencias del régimen que no ha imperado, y que es necesario condenar. Aunque se podría escribir todo un libro o catálogo de casos o hechos reprobables, algo así como una patología democrática de la función pública, bastarán algunas formas o especies permanentes de carácter antidemocrático.

Hemos señalado que lo que vale es la conducta, el modo de vivir congruente con los principios que la democracia postula, como los de libertad e igualdad. Se puede ser izquierdista, hombre de pueblo, del proletariado, y vivir a lo rey con lujo y abundancia y tener altos e inmerecidos sueldos o retribuciones.

La democracia puede lograr progresos intelectuales y morales, pero para ello es necesaria una educación democrática dirigida a la vocación por los asuntos públicos.

Tenemos que convenir en que en la política práctica es frecuente el fraude electoral, la mixtificación en la propaganda, las torceduras en la línea de acción gubernativa, los negociados en la función pública, el enriquecimiento rápido y sospechoso en los cargos públicos. Eso no lo ignora el pueblo, pero resignado y con la esperanza de que las cosas han de mejorar, sigue votando y, lo que es peor, perdonando, aunque no olvide.

Asimismo, la presión a las masas, tanto moral como económicamente por parte de los gobernantes, desnaturaliza la esencia de la democracia, cayendo en actos de corrupción, consiguientemente se atenta contra aquel principio de la libertad.

Se ha recordado este diez de octubre los 25 años de “democracia” en el país, y si acaso hacemos un ligero análisis hasta el presente, conforme a estos conceptos democráticos que ponemos a disposición de nuestros lectores, seguramente surgirá la siguiente pregunta, que me la he hecho en todos estos años: ¿estaremos viviendo seriamente en democracia, o contrariamente hemos estado y continuaremos estando en una pseudo democracia? Usted tiene la palabra.