La “Y” de integración
La vertebración vial es una de las tareas más importantes para el país, aunque los gobernantes de turno no impulsaron la construcción de caminos y carreteras, recurriendo a la muletilla de que el Tesoro General de la Nación no cuenta con los recursos económicos para la contraparte establecida cuando se solicita un préstamo financiero. Actualmente se observa que existe cierto interés en el Gobierno central y en algunos gobiernos departamentales para poder encarar la construcción de algunas vías, en muchos casos tramos que se adiciona a principales carreteras diseñadas con una visión de futuro. Esas iniciativas merecen ser ponderadas porque además de lograr la vinculación de las diferentes ciudades, poblaciones y comunidades del territorio nacional, servirán para incrementar la producción ganadera y agrícola de esos lugares.
En los últimos años y por efecto de la Ley de Participación Popular, los municipios pueden administrar sus recursos económicos dispuestos en el Presupuesto General de la Nación, conocido también como Ley Financial, que es aprobado en los primeros meses del período legislativo de cada gestión. Por esa norma muchos municipios encargaron el diseño y construcción de caminos para integrar las comunidades circundantes y que pertenecen a la jurisdicción. Este es un adelanto, aun sabiendo que las obras se las hizo de manera un tanto rudimentaria y con un asesoramiento de personas no siempre entendidas en el tema caminero.
Actualmente se quiere hacer realidad la integración vial departamental y nacional, la primera a cargo de las prefecturas de departamento y la segunda por el Gobierno central por medio de la Administradora Boliviana de Carreteras, que está a cargo de la fiscalización y control como de la erogación de los recursos que capta a través de convenios internacionales con organismos de financiamiento mundial. Son varias las obras en ejecución, otras están en pleno diseño y para algunas falta la licitación. Asimismo hay proyectos que están paralizados momentáneamente por resolución de contrato, por no haberse cumplido los puntos de la licitación, es el caso de la empresa que estaba construyendo la carretera Potosí – Tarija.
En los últimos días en la Cámara de Diputados se aprobó una ley por la que se aprueba la firma de un convenio internacional de préstamo por 70 millones de dólares, suscrito entre Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF) que permitirá desarrollar el programa vial la “Y” de integración. Este proyecto caminero tiene la finalidad de integrar en su primera etapa a Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca y en un futuro no lejano a otros departamentos de la región. Lo que se tiene que buscar con este tipo de estudios es la construcción de caminos de acceso a las comunidades y poblaciones que se encuentran cercanas a la carretera. Actualmente existen poblaciones sin conexión vial y sus productos los tienen que sacar a lomo de bestia o se quedan hasta podrirse.
Este proyecto “Y” de integración es de mucha significación porque abarca las rutas F-23 y F-5 de la Red Vial Fundamental, la que conecta a ciudades de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, además en su recorrido atraviesa las provincias de Punata, Arani, Mizque, Campero y Caballero, zonas por excelencia agrícolas y también ganaderas. Lo que busca la integración vial es una conexión del territorio nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste.
Cuando se suscribe un convenio entre un Estado y un organismo de financiamiento internacional surgen las condiciones del préstamo, puntos de referencia que no son explicados o divulgados, nadie sabe el porqué de esa reserva. En el caso que nos ocupa se conoce que el contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento es por 70 millones de dólares, el plazo para honrar el préstamo es de 18 años , incluidos los tres años de gracia y con una tasa de interés del 1.05 por ciento anual. Con este tipo de acuerdos se llevará a efecto importantes proyectos no siempre de vertebración vial sino otros que tienen tasas de retorno de gran trascendencia.
La política de integración nacional tiene que tender sobre todo al equilibrio y no favorecer sólo a cierta región del país a costa de otros que resultan los menos beneficiados, pese a que necesitan con urgencia caminos y carreteras que los impulsen económica y socialmente.