El departamento de Oruro vive el auge de la minería en el mundo del Siglo XXI

Oruro, (EL DIARIO).- Los departamentos de Oruro y Potosí, conocidos por sus yacimientos mineros viven una la segunda década de expansión de las actividades más aún si se toma en cuenta los buenos precios en el mercado internacional.

La gran demanda de metales no ha cesado en la presente década y nada indica que este auge minero sea de corto plazo. Su origen, situado en los mercados del Norte y del oriente es un fenómeno nuevo y al parecer de largo plazo.

Sin embargo parte de la historia parece repetirse. Principalmente aquella que muestra que los beneficios de la actividad para los pueblos han sido casi inexistentes y los impactos han sido numerosos y han recaído sobre los más vulnerables.

Este hecho se evidencia en mucho daño y ausencia de desarrollo.

Es por ello que necesitamos pensar en revisar la actividad poniendo atención principalmente en sus efectos, observando sobre todo las relaciones de las empresas con las comunidades que deben convivir con ellas, coinciden en afirmar dirigentes y entendidos en el tema minero.

EXPANSIÓN

Junto a la expansión de la minería en los últimos 10 años y que ha afectado fuertemente a América Latina, han surgido voces cada vez más numerosas sobre la necesidad de evitar, limitar y controlar los efectos negativos de las explotaciones mineras.

Las fuertes críticas de ecologistas y comunidades a la actividad se basan principalmente en sus efectos de corto, mediano y largo plazo. Se trata de costos ambientales y sociales, donde los derechos humanos han estado al centro de la discusión.

Esto es válido especialmente para las poblaciones más vulnerables que ven aparecer los proyectos mineros y las profundas transformaciones que estos implican. La minería transforma el suelo, el agua, el aire, las montañas, los caminos.

Pero también transforma la cultura, las relaciones sociales, el empleo, la diversión. Estas transformaciones son vistas por las comunidades como limitantes. Restricción de paso, de uso de agua y suelo, de desarrollo de actividades tradicionales, agricultura, ganadería, turismo. Socialmente las restricciones están impuestas por la introducción de prácticas sociales desconocidas: alcoholismo, drogadicción, prostitución y delincuencia.

La amplia difusión de este instrumento de protección de los derechos de las comunidades originarias a ser consultadas sobre el uso del subsuelo, consagrado en la mayoría de las constituciones como de propiedad del Estado ha generado diversas situaciones de conflicto entre estas comunidades, gobiernos y empresas mineras.

Las legislaciones nacionales han incorporado un remedo de consulta en sus participaciones ciudadanas y consultas públicas que no han hecho más que legitimar aprobación de proyectos mineros socio-ambientalmente insustentables.

Sin embargo este instrumento creado por las Naciones Unidas para los pueblos “Indígenas y Tribales” ha estado orientando las demandas de comunidades campesinas en diversos países de América Latina y está siendo adoptado como un derecho al ejercicio democrático de determinar la (in)conveniencia de desarrollar actividades extractivas en sus tierras. Consagrado este mecanismo en diversas legislaciones nacionales, departamentales o locales como de consulta, referéndum u otro tipo, se ha estado instalando la idea de la existencia del derecho de las comunidades a pronunciarse sobre actividades de tan profundo impacto como es la minería.

Es así como se han organizado diversas consultas en países como Argentina, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador, todas con los mismos resultados: el rechazo a la actividad minera.

Con estos antecedentes a la vista, debemos considerar que en el futuro cercano, el mecanismo de la consulta se irá convirtiendo en un instrumento cada vez más usado por las comunidades para determinar su posición frente a actividades de alto impacto.

Esto demandará del Estado y de las instituciones internacionales la toma de posición respecto a esta tendencia y nada indica que el convenio 169 de la OIT no pueda ser ampliado a comunidades campesinas e incluso urbanas con instrumentos específicos para pronunciarse sobre actividades extractivas.

No es descabellado incluir comunidades urbanas, en la medida que la minería no respeta zonificaciones, restricciones y otros instrumentos de regulación, como es el caso de Kori Chaka, ubicado en la zona urbana del Sur de Oruro.

Lo seguro es que la última palabra sobre las consultas ciudadanas, indígenas, campesina, urbanas, etc, aún no está escrita. Sobre todo en momentos en que este mecanismo democrático se encuentra en franca expansión y pone en jaque los intereses mineros y las opciones de gobiernos diversos.

Hoy se realizará en el Norte del Perú una consulta sobre el proyecto minero Majaz, vendido por Monterrico Metals de Inglaterra a una empresa minera china.