Rescisión de contrato
Ha causado diversas reacciones la resolución gubernamental para rescindir el contrato de construcción de la carretera Potosí – Tarija que estaba a cargo de la empresa brasileña Queiroz Galvao, aduciendo fallas en la obra. De esta manera se trata de frenar irregularidades que se dice fueron cometidas en la referida construcción. Las denuncias fueron permanentes en sentido de que no se cumplían los puntos básicos del contrato en cuanto a calidad de la capa asfáltica y lo más grave es que en un camino en plena construcción, sin haber sido entregado para su utilización, ya se observan rajaduras y otras fallas técnicas. Pero un técnico de la constructora manifestó que el material utilizado era afectado por las condiciones de presión y humedad propias de regiones altas. Tal disculpa resulta cuestionable, ya que se quiere achacar los males a problemas atmosféricos.
El desarrollo de un país depende en gran medida de la red vial que tenga, pues es indispensable la vinculación entre ciudades, centros industriales, agrícolas y otros. Esto no ocurre en Bolivia, que tiene una red vial pobre, lo que significa que gran parte del territorio está aislado de los centros urbanos y los mercados. La prioridad de todos los gobernantes tiene que ser la construcción de caminos y carreteras para desarrollar las regiones.
Durante los períodos de elaboración de la Ley Financial, que contiene el presupuesto de la Nación, se realizan reuniones entre representantes de las regiones y las autoridades nacionales, para fijar las cantidades de inversiones para obras públicas, sin embargo parece que esos encuentros no surten los efectos deseados porque los montos destinados no son suficientes para, por ejemplo, la construcción de vías, hospitales, escuelas y otros. Es hora de aceptar que la construcción es uno de los rubros que mayor mano de obra utiliza y por lo tanto genera fuentes de trabajo.
La anulación del contrato con la empresa encargada de la construcción de la carretera Potosí-Tarija tiene que servir como punto de inicio para revisar otras obras viales, ya que no se debe permitir más irregularidades, siendo conocidos los casos de las carreteras Cochabamba – Villa Tunari – Santa Cruz, Cotapata – Santa Bárbara, los accesos a la carretera Cochabamba – Santa Cruz y otros, cuyos precios, por varios motivos, fueron incrementados de manera alarmante. Esto ya no debería ocurrir en Bolivia porque estamos en una etapa de cambio y no se tiene que dañar la economía del Estado con gastos injustificables.
En el caso mencionado, si bien la constructora ha sido suspendida de sus labores, también tienen responsabilidad los supervisores de la construcción de la carretera. Considerando que la constructora debía coordinar su trabajo con las entidades supervisoras, se deduce que la responsabilidad es compartida y las sanciones deben abarcar a todos ellos. También queda en duda la fiscalización del Estado a las obras emprendidas por la Administradora Boliviana de Carreteras, cuyos profesionales deberían presentar los informes correspondientes para saber por qué la carretera Potosí-Tarija presenta fallas antes de ser entregada.
Es oportuno recordar que el ex Servicio Nacional de Caminos (actualmente Administradora Boliviana de Carreteras) ha sido motivo de numerosas denuncias de corrupción, pues en el interior de la institución había gente interesada en hacer fracasar las tareas dirigidas a erradicar la corrupción, empresa al parecer muy difícil, porque aún queda personal que operaba impunemente en el pasado. Esperemos que la situación cambie y que de una vez por todas se cumpla con el ansiado proyecto de vincular mediante caminos y carreteras a todo el territorio nacional, en beneficio de miles de bolivianos que necesitan trasladar sus productos a los centros de consumo.
