Bolivia, 16 de septiembre de 2007
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El contrabando de la harina importada

Hasta hace pocos días se había decomisado nada menos que 9.200 quintales de harina argentina importada por el Gobierno, con objetivo de que el precio del pan no sufra incrementos como sucedió anteriormente y se mantenga en 40 centavos la unidad. Según informes de la Dirección de la Aduana Nacional fueron incautados 7.500 quintales de dicho producto cuando cruzaban ilícitamente la frontera hacia el Perú, mientras que en otro extremo del país, en la región de Abapó, departamento de Santa Cruz, el COA reportó el decomiso de un cargamento de contrabando de 1.700 quintales de harina. Ambos lotes habían sido distribuidos por el Programa PL 480 de Naciones Unidas.

En el presente caso de flagrante contrabando, la deducción necesaria es que los propios panificadores son los autores del indicado ilícito, ya que se les ha asignado determinado cupo del insumo, siendo por consiguiente los únicos receptadores de dicha importación. Una vez individualizados los responsables deberían ser sometidos a los procesos y sanciones previstos por la Ley General de Aduanas de 28 de julio de 1999, para lo cual el Ministerio Público debería haber promovido de inmediato la acción penal correspondiente, desconociéndose si los fiscales asignados a la Aduana Nacional hubieran cumplido su deber. Hasta ahora los distintos gobiernos de turno no han cumplido con poner en vigencia la jurisdicción aduanera que establece la indicada ley, hecho que da lugar a una visible tolerancia de los jueces ordinarios a cargo de estos casos.

Otra de las medidas inmediatas debería ser la clausura definitiva de las panaderías comprometidas con este delito, el mismo que adquiere una circunstancia agravante por el carácter especial de la importación del Estado, con la finalidad de proveer debidamente de un artículo de primerísima necesidad a la población y evitar la especulación. El hecho en cuestión hace suponer que los empresarios o artesanos contraventores, llevados por su afán de enriquecimiento, prefieren lucrar más con la reexportación de la harina que con la elaboración del pan de batalla, actitud que no debe ser tolerada por las autoridades.

Como este no es único producto contrabandeado, tiene un paralelo con la fuga de hidrocarburos, en especial con las garrafas de GLP, con mayor incidencia aparente hacia el Perú, delito que continúa boyante pese a un reciente decreto supremo de presunta rigidez al respecto, pero como sucede con la harina, mientras no existan controles permanentes y estrictos en las carreteras y puestos fronterizos, y los agentes cedan fácilmente a la coima y al soborno continuaremos embarcados en este flagelo con sus consecuencias de escasez, malestar, pérdidas económicas y corrupción, comercio que alcanza las dimensiones de verdaderas mafias, cuyo poder económico en constante crecimiento compromete a todos los actores encargados del control y sanción de este delito, abarcando inclusive a poblaciones fronterizas íntegras que secundan y encubren de mil modos a los contrabandistas.

Estamos ante la insuperable política de las subvenciones estatales que tarde o temprano deberán ser revisadas o disminuidas gradualmente, para dejar de subvencionar a las regiones fronterizas del exterior, privando de insumos vitales a la actividad interna y al consumo nacional.

 



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PRIMERA EDITORIAL
El contrabando de la harina importada
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